La Coordinadora Poblana de Mujeres de Organismos Civiles llamó hoy a las organizaciones civiles mexicanas a firmar la carta que será enviada al presidente Vicente Fox para exigir el esclarecimiento del homicidio de Griselda Tirado Evangelio, defensora de derechos humanos.
En la misiva que será enviada al mandatario y otras instancias de gobierno, la organización civil lamenta el asesinato de la defensora de derechos humanos, ocurrido el pasado siete de agosto, exige su esclarecimiento y castigo para los culpables.
La carta pide al Ejecutivo garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos y advierte que no admitirán explicaciones de suicidio, robo o accidente, como sucedió con el caso de la abogada veracruzana Digna Ochoa y Plácido.
La carta culmina con una serie de preguntas que a decir de la organización civil han quedado en el aire como el que ningún médico quiso brindar atención a Tirado Evangelio, la tardanza de las autoridades en llegar a la escena del crimen y la falta de seguridad para la familia de la defensora de derechos humanos asesinada.
Entre las organizaciones que han firmado la carta se encuentran el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural; la Coordinadora Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C; Colectivo El Torito A.C., entre otras.
La Coordinadora Poblana de Mujeres de Organismos Civiles pidió que las firmas de adhesión en reclamo de justicia sean enviadas antes del 17 de septiembre de 2003 a la siguiente dirección electrónica: [email protected]
Griselda Tirado Evangelio fue asesinada de cuatro tiros la madrugada del miércoles seis de agosto al salir de su domicilio en Huehuetla.
Amnistía Internacional, lamentó el asesinato y exigió al gobierno mexicano su esclarecimiento, al tiempo que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denunció la pérdida de pruebas para esclarecer el crimen toda vez que el peritaje no se realizó en el lugar del asesinato.
Ambas organizaciones, coincidieron en que Griselda Tirado era candidata a las próximas elecciones para el gobierno indígena municipal, situación que subrayaron, la habría puesto en conflicto con los caciques de la región.
2003/LGL/MEL