Una mujer de 38 años y dos hijos, procedente del Golfo Pérsico, fue asilada en este país como consecuencia de la violencia doméstica que sufría, informó el ministro del Interior, José Antonio Alonso.
El funcionario anunció que su departamento ha concedido por primera vez el estatuto de asilo a una mujer víctima de violencia doméstica, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).
Las razones para la concesión del estatuto de refugiada se deben a que la mujer fue forzada a casarse, sufrió violencia ambiental y estructural, y no tenía protección por parte de las autoridades de su país, informó el portal Canal Solidario.
«Hay determinadas zonas del planeta donde las mujeres son forzadas a casarse, sufren situaciones estructurales de malos tratos por parte del marido y la familia, y que no reciben protección por parte de las autoridades», señaló Alonso. «Para el ministerio del Interior estas mujeres pertenecen a un grupo social acreedor de la condición de refugiado en España».
Aunque el titular de Interior recordó que los datos de estas víctimas no pueden ser desvelados, señaló que ha sido objeto de malos tratos en el seno del matrimonio, por parte de su esposo y de la familia de éste. Además, ya ha recibido asistencia en España en los últimos meses.
Para tomar esta decisión, la Comisión Interministerial ha tenido en cuenta la gravedad de la continuidad de los malos tratos recibidos por la mujer, la ausencia de protección por parte de las autoridades de su país de origen, dada la configuración del sistema legal y social del país. y la imposibilidad de eludir los malos tratos dentro del mismo.
ESFUERZO SOLIDARIO
«En estos casos, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España, tienen que hacer el máximo esfuerzo solidario por atender a estas mujeres por reconocerle la condición de refugiadas», señaló el Ministro Alonso.
Para Alonso, la exigencia legal de grupo social demandante de refugio se da en el caso de las mujeres que pertenecen a ese grupo social que en determinados países se enmarca en una situación estructural determinada: matrimonio forzado, violencia ambiental, violencia estructural y falta de respuesta de los poderes públicos, entre otros.
«Lo que hemos hecho ha sido una aplicación plena y puntual de la legislación vigente y creo y entiendo y, así va a ser, que tenemos que seguir aplicando la legislación vigente y seguir reconociendo la condición de refugiadas a personas que se encuentran en estas situaciones y acreditan el resto de los requisitos», concluyó el funcionario.
2005/SJ