En febrero próximo, la representación legal que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de tres mujeres halladas muertas en el sitio conocido como Campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), podrá aporta más pruebas y peritajes ante la esta última instancia.
Así lo informó a Cimacnoticias Karla Michel Salas Ramírez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, quien ha trabajado conjuntamente con la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. «La demanda de argumentos, solicitudes y pruebas» es «una oportunidad maravillosa» ya que, en su opinión, «la CIDH se quedó corta y fue muy diplomática» en su presentación del caso ante la CoIDH.
Además, dijo que intentarán que esta instancia internacional «analice a profundidad la Convención Belén Do Pará y que se amplíe la visión de la Corte, argumentando que el del Campo algodonero no es un caso aislado, sino que es la suma de violaciones a derechos humanos de las mujeres en esta entidad fronteriza con Estados Unidos, por el sólo hecho de ser mujeres.
Salas Ramírez explicó que una ventaja de la CoIDH es que a nivel internacional existe la oportunidad de que, además de la demanda que presenta la CIDH, los familiares de las víctimas y sus abogados pueden presentar «un escrito» paralelo mucho más amplio, presentar pruebas y peritajes.
«Vamos a tener la oportunidad de dar un litigio importante y presentar más violaciones que la CIDH manejó en su demanda y el Estado mexicano tendrá que darnos respuesta», puntualizó.
Y es que después de que la CoIDH notificara el pasado 21 de diciembre a Karla Michel Salas y David Peña, ambos representantes legales de las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramírez (encontradas en el Campo algodonero) que tenía en sus manos el caso, éstos tuvieron a partir de ahí, dos meses de plazo para ampliarlo.
«A partir del 21 de diciembre, nosotros tenemos que enviar nuestro documento de argumentos, solicitudes y pruebas a la CoIDH y a partir de este envío, el Estado tiene dos meses para contestar nuestro escrito y la demanda de la CIDH», explicó la abogada.
MÁS CASOS EN LA CIDH
Karla Michel Salas destacó la importancia de que éste sea el primer caso de feminicidio que llega a la CoIDH porque se puede ampliar el tema con relación a la violación de los derechos humanos de las mujeres y «que la Corte amplíe su jurisprudencia y la desarrolle en este sentido, analizando el incumplimiento del Estado mexicano a la Convención Belén Do Pará».
Y agregó que existen otras dos peticiones individuales en la CIDH: en el caso de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentadas en 2002 ante esta instancia.
LAS EXPECTATIVAS
«Lo que esperamos es justicia, que toda esta lucha que han dado tanto las madres como las organizaciones tenga un efecto útil», sostuvo la abogada, quien precisó que también quieren una «verdadera» sanción para los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y que hicieron caso omiso en muchos de los casos «actuando con dolo».
A decir de Karla Michel Salas, durante el trámite en la CIDH, «el Estado mexicano argumentó que muchos de los funcionarios ya estaban sancionados», sanciones que –ironizó– consistieron en una suspensión por 30 días sin goce de sueldo.
Por lo que enfatiza que esta vez no cesarán en exigir sanciones fuertes y efectivas, «de manera proporcional al daño que cometieron» y eso, sostuvo, lo tendrá que revisar la CoIDH, quien además deberá dar seguimiento del cumplimiento de la sentencia que emita al Estado mexicano.
07/LGL/GG/CV
