La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres) Rocío García Gaytán, confirmó la falta de coordinación del Gobierno Federal, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio del «Campo Algodonero» y un ejemplo de ello, es la exclusión de ese instituto en los trabajos para el «cumplimiento» del fallo.
Durante la reunión de trabajo, que sostuvo hoy con la Comisión Especial de Feminicidios, de la Cámara de Diputados, la funcionaria convocó a las legisladoras para que juntas exijan el cumplimiento de la sentencia emitida por los asesinatos de Laura Berenice, Esmeralda Herrera, y Claudia Ivette en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Informó que a pesar que de manera formal se ha solicitado a la Secretaría de Gobernación (SG), la incorporación del Instituto a las diversas reuniones que se han venido realizando para determinar las estrategias de implementación de la sentencia, hasta el momento, no ha sido convocada.
«Pese a que Inmujeres fue parte del grupo de trabajo conformado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para el seguimiento del caso ante la CoIDH, y de que lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la SG». Si respondiera de manera específica a lo que me solicitó la Comisión Especial sobre Campo Algodonero diría: «estoy fuera, no tengo nada que informar», enfatizó García Gaytán.
Ante los planteamientos de las legisladoras e integrantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), la funcionaria reconoció la falta de coordinación, no sólo para dar cumplimiento a la sentencia, sino para resolver la violencia contra las mujeres en el país.
Citó como ejemplo la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual «tiene las mismas atribuciones que tiene el Instituto y nos quitan para este año 100 millones de pesos, y se los asignan a esta instancia».
García Gaytán, indicó que si bien hasta el momento la SG, a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos y la Conavim han trabajado sobre las disposiciones de la sentencia, esto lo podría hacer a través del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, conforme a lo que se indica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por su parte Daphne Cuevas Ortiz, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, señaló que en materia de las facultades que cada instancia tiene, hay una gran confusión. Cuestionó la creación de un grupo de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia, cuando en el país, ya hay una serie de facultades distribuidas entre las dependencias y las autoridades.
Consideró que el Inmujeres, con el apoyo de las diputadas, no debe colocarse en la simulación que las distintas dependencias han dado respecto al cumplimiento de la sentencia. «En su Ley de creación, subraya que uno de sus objetivos, es dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos internacionales y seguimiento a los mecanismos internacionales».
Cuevas Ortiz, precisó que «el Instituto no sólo está facultado por ser organismo rector, sino porque hay artículos de su ley, que así lo mandan, por lo que más que un llamado de incorporación tiene que ser una exigencia.
Recordó que el Instituto nació de la lucha de las mujeres del país por lo que no debería estar fuera de un tema tan trascendental e importante para las mujeres.
Las legisladoras integrantes de la Comisión reiteraron a su vez el apoyo al Inmujeres, tras considerarlo organismo rector para que las voces de las mujeres del país sean escuchadas.
La diputada Teresa Incháustegui, del partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, afirmó que desde el Congreso se trabajará y dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
«Es una prioridad, clarificar las competencias y la responsabilidad de las autoridades», aseguró.
Adelantó que están trabajando en un punto de acuerdo para tipificar el feminicidio, y un exhorto al Ejecutivo federal para que se paguen las indemnizaciones, en forma inmediata, a las familias de las víctimas, entre otras acciones.
DILACIÓN E IMPUNIDAD
La abogada Andrea Medina Rosas, en representación de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez — una red integrada por 13 organizaciones–, afirmó que parte de esa dilación es la falta de capacitación la cual ha fracasado, ya que a las y los funcionarios involucrados, sólo se les ha enseñado a invocar ciertos instrumentos normativos, y no saben, y no tienen las capacidades para detectar la discriminación y dar solución.
Se requiere, dijo, cambiar la capacitación, dar una especifica como lo mandata la Corte, no sólo para la procuración y la administración de justicia, es decir que se sepa dar una atención especial para las víctimas de violencia feminicida.
«No es lo mismo ser víctima de violencia familiar, que ser víctima de violencia feminicida, y ser víctima además de esta violencia de la impunidad. La rabia que viven todas estas familias, y toda la sociedad, en Ciudad Juárez por la impunidad, requiere una atención especializada que no he visto en ningún lugar», abundó.
En tanto, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la falta de cumplimiento de la sentencia no es un problema de «pesos y centavos, si es un asunto es tan recurrente y emblemático. Esto es una acción dilatoria, como muchas que hay en el país».
«Vamos buscando provocar una gran revolución; a propósito de los grandes aniversarios, esas mujeres lucharon muy fuerte, yo creo que nostras tenemos que hacer lo mismo».
En la reunión participaron las diputadas: Lizbeth García Coronado del PRD, Teresa Guadalupe Reyes Sahún del Partido del Trabajo (PT), así como las diputadas Mariela Pérez de Tejada y Maria Antonieta Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN).
10/GTR/LR/LGL
