Las mujeres paraguayas, que son el sector social más perjudicado por el delito del secuestro, demandaron ante el Congreso la modificación del Sistema Penal y Penitenciario y presentaron un proyecto que incluye mayores sanciones.
Aunque numéricamente son mucho menores que en países como Colombia y Argentina, los casos de plagio aumentaron en Paraguay desde 2002 y amenazan con instalarse como un delito cada vez más común.
En los últimos cuatro años, según informes oficiales, se confirmaron más de 25 secuestros, de los cuales más de 50 por ciento tuvieron como víctimas a mujeres, consideradas más vulnerables ante las acciones de violencia criminal, publicó un especial de Prensa Latina.
La policía reconoce un total de 167 denuncias de secuestros en menos de tres años. María Edith de Debernardi, María Angela Martínez, Graciela Dávalos, Kathia Riquelme, María Isabel Paiva, María Mercedes Elizeche y Ramona Espínola Leite, se encuentran entre los casos más sonados.
El caso de Gilda María Vargas, en el que se pagó el rescate y no se liberó a la víctima, es uno de los que aún reclama ser resuelto.
La empresaria gastronómica de 63 años fue secuestrada en octubre de 2003 y desde entonces sus hijos han realizado dos pagos de 200 mil dólares cada uno, sin resultados.
LAS DEMANDAS PARA UNA MAYOR SEGURIDAD
La ministra de la Mujer, María José Argaña, pidió que en el artículo 229 del Código Penal (relacionado con la violencia física) se trate también la violencia sicológica y la económica.
Propuso modificar el apartado que considera víctima a una mujer cuando ha recibido tres veces un golpe, y aplicar de manera efectiva los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional, que hablan de la igualdad de oportunidades.
La representante de la organización no gubernamental Tiempo Nuevo, Perla Yore, precisó que el país necesita de rotundos cambios en este momento, en que prácticamente la inseguridad y el terrorismo de Estado lograron instalarse.
En compañía de un grupo de mujeres, la otrora esposa del ex presidente Raúl Cubas, Mirtha Gusinsky, reclamó a la Corte Suprema de Justicia cadena perpetua para los autores de secuestros.
Precisamente su hija Cecilia fue víctima de uno de los plagios más crueles en la historia nacional: durante casi cinco meses el pueblo paraguayo estuvo al tanto de la búsqueda de la joven, finalmente asfixiada y enterrada en una fosa descubierta por una fiscal casi por casualidad.
Por ese delito fue atrapada una banda de 15 integrantes, quienes han sido procesados por homicidio doloso, secuestro y asociación criminal. El Ministerio Público paraguayo solicitó 35 años de cárcel para los culpables, la máxima condena del país (no existe la pena de muerte).
El lamentable caso, en el que se presume tomó parte una red de oficiales corruptos, marcó la cúspide de una escalada de secuestros iniciada por las mafias del delito en el territorio guaraní.
06/LR/CV
