La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de la guardería ABC, donde el pasado 5 de junio se registró un incendio en el que murieron 49 niñas y niños, atribuyó la responsabilidad de la tragedia a funcionarios menores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al cuerpo de bomberos de Sonora, más no a los gestores del modelo «ilegal» de subrogación de guarderías, que vulnera los derechos de las trabajadoras.
Así lo dice Lorenzo Ramos Félix, abogado de las familias de los menores de edad, quien opina que la recomendación de la CNDH, publicada ayer, a casi dos meses del incendio, debe indicar la responsabilidad de Daniel Karam Toumeh, titular del Instituto y de los dos directores anteriores, Juan Molinar Horcasitas y Santiago Levy.
En el caso Molinar y Karam, agrega el abogado, permiten la operación de las guarderías subrogadas a particulares, que violentan el Artículo 123 Constitucional y de la Ley del IMSS, reformada en 2004.
Ramos Félix señaló que el modelo de guarderías violenta el derecho de las trabajadoras a esta prestación, de acuerdo con el Artículo 123, que establece que «es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de jubilación, de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares».
Asimismo, reiteró la ilegalidad de la subrogación de guarderías de este tipo porque desacata lo establecido en la Ley del IMSS, la cual dice que se «puede subrogar el servicio de guarderías a los patrones, y que ellos costeen los gastos», pero, desde 2007, «permiten que personas que no son patrones: empresarios, funcionarios operen guarderías como negocios que no requieren inversión y dejan ganancias».
Por ello, Lorenzo Ramos considera que Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debería aplicarse al director y ex titulares del Instituto, no sólo a los funcionarios «menores y a los bomberos».
Indica el documento de la CNDH: «…para esta Comisión Nacional quedó acreditado que la Dirección General de Bomberos incumplió las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción D y 74 del Reglamento para la Prevención de Incendios y Seguridad Civil para el Municipio de Hermosillo, Sonora».
Respecto a los funcionarios, refiere que «esta Comisión Nacional contó con elementos suficientes para establecer que el IMSS y los funcionarios responsables de la Delegación Estatal y de la Jefatura Delegacional de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales, incurrieron en la inobservancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-167-SSA1-1997 para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores y NOM-002-STPS-2000, Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en Centros de Trabajo».
No miró hacia arriba
Al respecto, el abogado de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC lamentó que la CNDH «no miró hacia arriba» al momento de realizar la recomendación, ya que además de los funcionarios del IMSS, dependencias federales como la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), debieron prevenir la muerte de las niñas y niños, que tenían entre cero y cuatro años de edad, con la ‘correcta’ inspección de las condiciones en las que laboran las guarderías».
Por otra parte, Ramos Félix aseguró que la recomendación de la CNDH, con fecha del pasado 31 de julio, «no aporta nada al análisis de la investigación, sólo reproduce en 80 por ciento los testimonios que entregaron la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJES).
En este sentido, consideró que el trabajo de la Comisión, encabezada por José Luis Soberanes Fernández, sobre el caso ha sido «muy pobre» pues la repetición de las indagaciones hechas por las autoridades federales y estatales no coadyuva a la impartición de justicia.
Las madres y padres de los menores de edad «estaban insatisfechos con la investigación de las procuradurías, por eso recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en busca de otra respuesta», añadió Ramos Félix.
Por último, Lorenzo Ramos mencionó que en lo único que las y los padres de familia están de acuerdo con la recomendación de la CNDH es en que se han violado los derechos de las niñas y los niños a la vida, la salud, legalidad y seguridad jurídica de las víctimas.
El abogado afirmó que están a la espera de que el próximo jueves la SCJN determine si atraerá la investigación de la guardería ABC, en tanto, ya se han acercado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes enviarán a dos relatores a Sonora para analizar el caso.
09/GCJ/GG
