En uno de los pocos actos alentadores de estos últimos meses la Suprema Corte de Justicia resolvió que la desaparición forzada de personas no prescribe. Frente a los nubarrones de desconcierto e incertidumbre política éste hecho resulta de singular relevancia en el abollado proceso democrático que enfrenta la nación.
Es un aliciente también que en momentos en que el Gobierno del Distrito Federal es blanco de múltiples ataques, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le haya dado la razón –aunque de manera parcial-, a Andrés Manuel López Obrador en un asunto de trascendencia histórica para las fuerzas democráticas y el propio proceso democrático que se configura a veces, con aplomo y en otros momentos se debilita con frenesí como en estos momentos de la vida nacional.
Fue Andrés Manuel López Obrador quién atendiendo los reclamos y las demandas de Doña Rosario Ibarra de Piedra, del grupo EUREKA y los demás familiares de los cientos de desaparecidos, interpuso una acción de inconstitucionalidad a un dictamen del Senado de la República que aprobaba la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas con una reserva que incluía además una declaración interpretativa según el cual «los delitos de desaparición forzada de personas sólo serían castigados, si la consignación se ordena o ejecuta con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención», es decir a partir del 2002.
En un acto de clara componenda e impunidad las dos fuerzas mayoritarias PRI y PAN en el Senado a fines de noviembre del 2001, impusieron un dictamen a modo, en aquel entonces, como en otras ocasiones lo han hecho para favorecer a intereses ajenos a la nación, sin importarles la legalidad ni la institución que dicen representar y sin rubor alguno retuercen las leyes para su beneficio personal. El PRD cuestionó las enmiendas sin haber tenido eco. Ahora con la resolución de nuestro máximo tribunal, el Senado de la República no tiene pretextos para retirar tales reservas a éstos instrumentos internacionales que traban el camino a la justicia.
No es más que el tesón admirable de las Doñas, de las madres de los desaparecidos y desaparecidas las que han hecho que no sólo se rompa el silencio, sino que además las instituciones busquen restablecer su legitimidad y credibilidad.
Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación parcialmente resuelve la controversia interpuesta por el jefe de Gobierno, ya que sigue considerando a las fuerzas armadas intocables. Según la Corte, el fuero de guerra inmuniza a los militares y no podrán ser juzgados por la autoridad civil. Tal consideración es contraria al derecho internacional; el fuero de guerra no escapa a la justicia. Aparece la Corte parcialmente de lado de la justicia, desafiando la postergación a la justicia excepto de militares. Resulta por tanto entendibles los exhortos a la reconciliación pero reprobable sí se finca en la impunidad.
La concertación como la reconciliación son actos que fortalecen a la democracia y las instituciones del Estado que resultan indispensables en momentos en que pareciera que los vientos de autoritarismo asoman de nuevo al endeble proceso democrático que vive la nación.
Por eso esperamos que el perdón que invoca el Secretario de la Defensa recientemente en un acto sin precedente y a los que se suman las declaraciones del Subprocurador Santiago Vasconcelos, se refiera al perdón que las autoridades deben de pedir a la ciudadanía por lo que han dejado de hacer para combatir la inseguridad, y no aquel perdón que entraña la impunidad; al reclamo de justicia de los crímenes del pasado como el feminicidio que sólo ensombrecería la democracia y retardarían la justicia.
*Senadora del PRD y presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez de la Comisión de Desarrollo Social.
2004/LB/GV/SM
