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Reconocen limitantes en Conapred para castigar discriminación

Por Anayeli García Martínez

Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) le “faltan dientes” para resolver los casos de exclusión social que padece la población, reconoció la directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del mecanismo, Hilda Téllez Lino.

En entrevista con Cimacnoticias, la funcionaria explicó que el Conapred no tiene suficientes facultades para proteger a las y los ciudadanos que son excluidos por sexo, edad, discapacidad, condición social u otro factor.

Ejemplo de ello es el caso de Julieta Buendía, periodista y profesora de la Universidad de Cautitlán Izcalli en el Estado de México, quien denunció ser víctima de discriminación luego de que las autoridades de la institución difundieron el falso rumor de que ella estaba contagiada de influenza AH1N1 (Cimacnoticias 29 marzo 2012).

Julieta solicitó la intervención del Conapred para acabar con los actos discriminatorios que padece en la universidad donde trabaja, donde, según ella, le quitaron sus grupos de clases y se le mantiene recluida en un cubículo de la biblioteca por su estado de salud.

Sin embargo, la académica ha señalado que el Consejo no ha hecho nada para resolver su caso. Buendía alega ser víctima de “desprestigio, difamación y humillaciones”.

Al respecto, Hilda Téllez Lino explicó que el Conapred es un órgano de Estado creado para fomentar la inclusión social, pero admitió que la institución está más enfocada a prevenir la discriminación a través de capacitación de funcionarios y publicación de manuales.

El Consejo nació a raíz de la aprobación el 29 de abril de 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual fue promulgada el 11 de Junio del mismo año.

Sobre el caso de Julieta, la directora de Quejas y Reclamaciones apuntó que no podía dar mayores detalles, toda vez que las investigaciones continúan.

La funcionaria insistió que la dependencia ?encabezada por Ricardo Bucio? está acotada para resolver todas las reclamaciones y quejas que se le presentan por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o autoridades federales.

“Básicamente el trabajo del Consejo es para prevenir y eliminar la discriminación, pero más bien abona a fortalecer o a trabajar por una cultura de igualdad”, precisó.

De acuerdo con la directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones es “muy difícil” trabajar a favor de una cultura de la igualdad pues “es algo que toca a todos”.

Aunque uno de los objetivos del Conapred es investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias y conocer y resolver quejas en la materia, actualmente está más enfocado a desarrollar publicaciones y programas de capacitación a servidores públicos.

En caso de particulares lo único que este mecanismo puede lograr es una conciliación, es decir invitar a las partes a llegar a un acuerdo; en casos que involucran a entidades de la administración pública se pueden emitir recomendaciones que pueden o no ser acatadas.

Las personas que se sientan discriminadas puede recurrir a esta institución, dependiente de la Secretaría de Gobernación, aunque deben tener en cuenta que la afectación a sus derechos debe estar relacionado con alguna característica personal como su edad, sexo, discapacidad y preferencia sexual, entre otras.

“Tenemos las atribuciones de llevar la defensa legal de casos de no discriminación; claro es una defensa legal en el ámbito de lo no jurisdiccional, somos un organismo administrativo”, aclaró.

Ante el Conapred se pueden presentar reclamaciones para investigar a servidores públicos o quejas para que se indague a un particular. En el primer caso se hacen recomendaciones que pueden ser rechazadas, y en el segundo se realiza una mediación que también puede ser aceptada o no.

Es decir, en casos en los que las víctimas acusan a una institución privada por actos de discriminación, el Conapred puede proponer una serie de acciones para resarcir los derechos de la quejosa o el quejoso, pero si no hay un acuerdo de ambas partes el expediente simplemente se cierra.

“No hay una fuerza coactiva para obligar a un particular para (decir) usted venga, siéntese y déme cuentas de por qué hizo tal cosa”, explicó Téllez Lino.

En el caso de procedimientos contra servidores públicos se emiten “resoluciones por disposición”, que equivalen a recomendaciones de los organismos de Derechos Humanos, pero como sucede con estas últimas, no siempre se aceptan o bien se pueden impugnar.

La funcionaria dijo que hace falta una reforma a la ley para que las instituciones estén obligadas a cumplir con las recomendaciones o bien establecer sanciones cuando se acrediten actos discriminatorios.

12/AGM/RMB

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