Desde antes del 22 de marzo del año 2002, cuando Inés Fernández Ortega fue violada por once soldados del 41 Batallón de Infantería que entraron a su casa en la comunidad Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de Los Libres, en el estado de Guerreo, ya era una activista social.
A sus 27 años, Inés estaba casada y tenía una hija de nueve años de edad en el momento en que fue golpeada y violada, pero fue entonces cuando comenzó un largo camino para encontrar justicia. Sin embargo desde que tenía 14 años experimentó la impotencia de ver los abusos de los integrantes del ejército.
Después de observar cómo cuatro señoras lloraban porque los militares se las llevaban a su campamento se dio cuenta de que las injusticias eran algo común en su comunidad. Esas mujeres estuvieron en el campamento militar un día y una noche, una de ellas resultó embarazada y, a pesar que Inés quería ayudar, dice: «no podía hacer nada, porque no sabía a dónde llevarlas».
El papá de la joven embarazada la saco de la comunidad y la llevó a vivir a otro lado, quizás «por vergüenza, miedo a las burlas o porque los militares fueron quienes la violaron». Inés sabía que si los soldados cometían algún delito, nunca habría castigo, menos si la víctima era una mujer.
También recuerda cómo «los militares llegaban a las comunidades hacían disparos y revisaban a la gente que se encontraba trabajando sus tierras, aún así, entraban a las casas… a robar lo que hubiera».
Es probable que Inés no imaginara que años más tarde ella sería violada por elementos castrenses y que desde entonces afrontaría un sistema de justicia caracterizado por la impunidad desde que denunció ante el Ministerio Público, dos días después de ser agredida.
Ella no sólo estuvo expuesta a un evento traumático, también a las deficiencias y omisiones de funcionarios estatales que provocaron la destrucción de evidencias que afectaron la averiguación previa, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Después de 8 años de lo ocurrido, ella ha buscado justicia en medio del miedo por la serie de intimidaciones y amenazas en su contra y en contra de su familia y defensores legales. Por eso señala que aún se preocupa todas y todos los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).
Su temor es fundado debido a que su hermano Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la OPIM fue secuestrado el 9 de febrero de 2008 y hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres, municipio donde trabajaba como albañil, él también había hecho campaña en favor de los 14 indígenas que afirman fueron esterilizados por la fuerza en 1998, era un activista social.
Hechos como ése le preocupan, por ello señala que su esposo Fortunato Prisciliano Ortega, su hija Noemi Prisciliano, Obtilia Eugenio Manuel – fundadora de la OPIM y quien ha sido su traductora- junto con otros integrantes de la organización, también han sido amenazados.
Ante esto dice que la oficina de la OPIM es una organización que exige los derechos básicos de la comunidad y señala que no hacen otra cosa que hablar de «educación, de que no hay maestros, médicos, medicinas, obras, para eso tenemos las oficinas de Ayutla».
«Me preocupo mucho de que el gobierno nos vigile, castigue a nuestros compañeros por delitos que no cometieron y que por el contrario en mi caso no haya justicia». En ese panorama sólo cree que si algo grave llega a sucederles, el gobierno sería el responsable.
Después de su larga lucha a favor de los derechos de su comunidad y de los suyos, también se da cuenta de que estos hechos no sólo ocurren en su organización ni en su comunidad. Decepcionada dice: «acabo de escuchar nombres de mujeres que nunca han tenido justicia, es muy triste que seamos mujeres y que estemos así».
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