El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, (INACIF) alertó sobre la posibilidad de un aumento de violencia debido al panorama pre-electoral y anunció que en lo que va del año ha elaborado 345 necropsias a mujeres víctimas de muertes violentas.
En contraparte, la Policía Nacional Civil (PNC) reveló un total de 532 muertes violentas en el mismo periodo y la diferencia puede deberse a que algunas víctimas son atendidas en hospitales privados, lo que impide al INACIF llevar un recuento nacional de autopsias relacionadas con ese tipo de casos.
La mayoría de mujeres han sido atacadas con armas de fuego y en menor medida con armas blancas; los resultados de las necropsias son enviados al Ministerio Público (MP) y adjuntados a los procesos de investigación, según el departamento de Información Pública del INACIF.
Análisis elaborados por la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), revelaron que sólo el 45 por ciento de los casos cuentan con información suficiente para determinar si se trató de una muerte provocada en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Ese detalle podría contribuir a construir investigaciones sólidas y alentar un número mayor de sentencias por femicidio o violencia contra las mujeres, destacó la CONAPREVI.
En el 2008, las autoridades reportaron la muerte violenta de 680 mujeres, mientras que el año pasado ocurrieron 708; en unos 9 años se han contabilizado cinco mil casos a nivel nacional, lo que coloca a Guatemala como el segundo país en el mundo con el mayor índice de asesinatos.
Por lo anterior, en abril de este año se presentó en este país centroamericano, la Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres, que se promueve en Nicaragua, El Salvador, Honduras y México.
El objetivo de esta iniciativa es promover el acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y el feminicidio en Centroamérica y México.
También busca erradicar la impunidad asociada a estos casos, a través de la adopción de mecanismos adecuados por parte de los Estados.
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