Las autoridades del gobierno de facto de Honduras devolvieron los equipos que habían decomisado a Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur a raíz de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en un boletín emitido ayer.
El 16 de octubre, la CIDH le había solicitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al presidente del Congreso Nacional de Honduras adoptar medidas urgentespara que se restituya el derecho a la libertad de expresión a los trabajadores de los medios de comunicación mencionados y de Radio Globo, medio al que hasta ahora no se ha devuelto su equipo.
El 28 de septiembre, fuerzas militares y policiales agredieron las instalaciones de los medios de comunicación mencionados y desconectaron y decomisaron los equipos de los medios. Las autoridades no levantaron un acta, ni inventario de lo decomisado, y tampoco dejaron una nota que justificara su acción.
Los cierres de estos medios supuestamente se fundamentan en la aplicación del decreto PCM-16-2009, el que, aunque fue derogado, impuso, durante dos semanas, el toque de queda y restricciones a la libertad de tránsito, de reunión y de expresión.
Actualmente está vigente el acuerdo ejecutivo no. 124-2009, del 5 de octubre de 2009, que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras instituciones estatales a revocar o cancelar el uso de permisos y licencias otorgadas por Conatel «a los medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así también como un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos.»
«Estos actos son ilegítimos y contradicen los principios básicos que están protegidos por la Convención Americana en cuanto a la libertad de expresión» señala Marcia Aguiluz, abogada de Cejil, y añade que «los medios Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur y Radio Globo han sido perseguidos por el gobierno de facto en razón de la actitud crítica que mantienen desde que ocurrió el golpe de Estado. La única intención de las autoridades es lograr el cierre definitivo de los medios e impedir cuestionamientos y, por consiguiente, el derecho de informar y de estar informados».
Cejil y el Centro para la Investigación y Promoción en Derechos Humanos (Ciprodeh) exhortan a las autoridades de facto hondureñas para que se derogue el acuerdo ejecutivo no. 124-2009 y se abstengan de continuar realizando acciones que restrinjan el derecho de las y los periodistas a ejercer la libertad de expresión y de la comunidad hondureña a obtener información de diversas fuentes.
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