El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) exhortó a México a focalizarse más en la lucha contra la impunidad y a adoptar una Ley General en materia de Tortura, la que debe estar en plena conformidad con los estándares internacionales pertinentes.
Al finalizar la segunda visita que realizó a México del 12 al 21 de diciembre, la delegación emitió un comunicado, donde Felipe Villavicencio, quien encabezó al grupo de expertos dijo que a ocho años de su primera visita, “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.
De conformidad con las estadísticas oficiales, a nivel federal actualmente existen más de cuatro mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura, pero el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo, según informó el grupo después de entregar al gobierno mexicano sus observaciones preliminares confidenciales.
Durante su estancia de diez días en el país, el SPT realizó visitas a 32 lugares de privación de libertad en Baja California, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y se entrevistó con personas y colectivos, incluso recibió información sobre tortura sexual hacia mujeres.
Asimismo, se reunió con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esto le permitió al SPT identificar sólidos hallazgos sobre este fenómeno y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, los que fueron compartidos de manera confidencial con las autoridades mexicanas.
Por su parte, ayer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH emitió el informe 9/2016, donde identificó diversas situaciones de riesgo para las personas que son privadas de la libertad porque no reciben un trato humano y digno, además de la inexistente falta de protección de la salud y a la integridad personal.
El MNTP visitó durante los meses de septiembre y octubre de 2016 los ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) varoniles, el Complejo Penitenciario “Islas Marías”; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi).
Evaluó las condiciones de reclusión y corroboró que existen deficientes condiciones en las instalaciones como: escasas actividades para la reinserción social; incorrecta imposición de las sanciones disciplinarias, una inadecuada separación y clasificación de los internos e inconveniente comunicación con personas del exterior.
Las personas con discapacidad física no cuentan con accesos o servicios adecuados para ellos; existe una falta de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos; escases de personal médico; falta de equipo médico y medicamentos, entre otras deficiencias que señala el reporte.
A pesar de que en el reporte la CNDH se enfoca en centros varoniles, en 2015 realizó un informe sobre las condiciones en las que viven las mujeres reclusas, donde señala que 60 internas alojadas en 33 lugares de reclusión (de los estado de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, entre otros) refirieron haber sido víctimas de violencia física por parte del personal de las instalaciones.
Asimismo sin precisar un número exacto, varias internas encuestadas por la CNDH señalaron que fueron víctimas de abusos sexuales, por el personal directivo, técnico y de custodia.
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