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Reparación del daño debe incluir atención médica y psicológica

Por Anaiz Zamora Márquez
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El daño que se genera en las mujeres cuando son víctimas de crímenes de Estado, violación o tortura sexual y desapariciones forzadas trasciende su vida y la de sus familias, por lo que lo que no puede ser únicamente reparado con una compensación económica, como lo han pretendido en muchas ocasiones los gobiernos responsables de los delitos.

Así lo denunciaron hoy mujeres sobrevivientes de diversos crímenes durante el foro “Del daño a la reparación. La voz de las mujeres frente a la violencia de Estado”, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Llevado a cabo en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el evento tuvo como objetivo que mujeres, activistas, defensoras de Derechos Humanos (DH) y expertas compartieran sus experiencias en la lucha por lograr la adecuada reparación del daño, y lograr así el pleno acceso a la justicia.

Alberta Alcántara, Teresa González, Tita Radilla Martínez y Juana Sales Velásquez, mujeres indígenas y sobrevivientes de abusos de los Estados mexicano y guatemalteco, denunciaron que los gobiernos de sus países han pretendido reparar el daño que les causaron sólo con una compensación económica, sin considerar el impacto que los crímenes han tenido en sus vidas y las de sus familias.

Tanto Alcántara como González, indígenas otomíes acusadas en 2006 de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), coincidieron en que la reparación adecuada del daño a víctimas de los gobiernos debe ir más allá de un pago económico, pues las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que causaron en ellas y en sus familias “no tienen precio”, y deberán vivir con ello el resto de sus vidas.
 
Al ser encarcelada injustamente –enfatizó Alberta Alcántara– incluso se atentó contra su identidad indígena, pues se le prohibió hablar en su lengua, ya que las demás internas y guardias de seguridad “sospechaban que estaba hablando mal de ellas”, por lo que se les debe asegurar también una adecuada atención psicológica, es decir, pensada en su contexto y sus necesidades.
 
Juana Sales Velásquez, sobreviviente de violencia sexual durante el conflicto armado de Guatemala, señaló que con los crímenes de guerra cometidos en el país centroamericano no sólo se afectó a las mujeres de manera individual, sino que las consecuencias fueron para toda la población, pues se destruyeron familias completas y se atentó contra la integridad de muchas comunidades, lo que tampoco ha sido contemplado en las medidas de reparación.
 
En ese sentido, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido y desaparecido durante la llamada “guerra sucia”, remarcó que una adecuada reparación del daño debe contemplar la atención médica y psicológica de calidad para las víctimas y sus familias.
 
Y de manera prioritaria –destacó– la adecuada reparación del daño se logra con el esclarecimiento de los hechos, la identificación plena y sanción de los responsables, y en el caso de desapariciones hasta que se dé con el paradero de las víctimas.
 
Finalmente resaltó que las mujeres que se han atrevido a denunciar y exigir justicia han logrado avances importantes, incluso a nivel internacional, como lo ha sido la obligación de los gobiernos de reconocer los delitos y su responsabilidad en ellos.
 
En eso coincidió Alejandra Nuño Ruíz-Velasco, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien señaló que aunque México y Centroamérica tienen deudas históricas en materia de DH, la valentía de las mujeres para denunciar las atrocidades abrió “la puerta para resignificar el dolor de las víctimas”.
 
Recordó que la reparación, además de contemplar el resarcimiento al daño material, debe incluir otras medidas como el reconocimiento de responsabilidad; la restitución de identidad; garantías de no repetición con la modificación y restauración de códigos y leyes nacionales, sensibilización a la sociedad, y capacitación adecuada de funcionarios.
 
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