La reparación con perspectiva de género es el conjunto de acciones orientadas a contribuir a la aplicación de medidas reparatorias sensibles a las demandas y aspiraciones de las mujeres.
Este concepto fue incorporado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) basándose en los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) determinó a partir de las víctimas de violaciones.
Desde el 2005, la OACNUDH asumió el compromiso de promover la defensa de los derechos humanos de las mujeres, esto se refleja en los principios y directrices básicos que Naciones Unidas estableció a través de acciones de restitución, rehabilitación, tanto psicosocial como de salud, indemnización económica, satisfacción por sancionar a los agresores, además de garantías de no repetición.
Estas acciones se enuncian a través de un tribunal jurisdiccional o bien mediante la elaboración de un programa administrativo de reparaciones, apoyado por tratados internacionales, su propósito es adoptar un programa que permita responder al deber del Estado para una reparación adecuada, a fin de hacer justicia.
Ejemplo de ello son el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TOIY), Tribunal Penal Internacional para el Rwanda (TPIR) así como el Plan Integral de Reparación de Guatemala (PNR) y el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Chile), por citar algunos.
Aunque existen comités para proteger los derechos de las personas, por lo general emiten recomendaciones limitadas o aún no llegan a la etapa de implementación, tales como el Comité Cedaw y el Comité de Derechos Humanos, que han sido cuestionados por sus acciones frente a violaciones.
En ese sentido, es importante que los organismos implementen una perspectiva de género, para atender las formas de violencia a las que se encuentran sujetas la población, en particular las mujeres, ya que muchas veces se excluyen en materia de derechos humanos.
No obstante, se conocen algunas limitantes a las que se enfrentan las mujeres al momento de acceder a programas de reparación, como dificultades para acceder a la información; en los casos de violaciones sexuales, por lo general, los funcionarios suelen minimizar la agresión y responsabilizan a las mujeres de sus propias tragedias, por tanto el sentimiento de miedo y vergüenza, hace que muchas veces retiren las denuncias.
Ante este panorama es preciso que las comisiones de derechos humanos, efectúen una metodología de trabajo con enfoque de género, a fin de conseguir una evaluación adecuada de las evidencias relacionadas con las mujeres.
El Estado se encuentra ante el reto de aplicar las medidas necesarias para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia de género.
La reparación debe ser la expresión más visible de los esfuerzos del Estado para remediar el daño de las víctimas, principalmente relacionadas con la eliminación de la discriminación contra las mujeres.
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