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Reparto de bienes y malas relaciones, los nudos de Inmujeres

Por Carolina Velásquez

Al nacer Inmujeres, un año después de la llegada del PAN al poder, el movimiento feminista y de mujeres –que desde hace más de 30 años ha luchado por la democracia en México aportando las nociones de igualdad en la diferencia y de tolerancia alcanzando visibilidad en los espacios públicos e institucionales– se encontró con una situación inesperada: logró concretar una de sus grandes aspiraciones pero sin tener los recursos políticos necesarios para controlar la orientación de los institutos creados para llevar a cabo su proyecto.

Así define María Luisa Tarrés, autora de Para Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: los institutos de las mujeres en México, el escenario donde surge el organismo federal cuya tarea principal, de acuerdo a la Ley que le da origen, es coordinar y concretar acciones con las instancias estatales, en el entendido de que todas comparten la perspectiva de género y la necesidad de institucionalizarla en el ámbito federal.

Y agrega, lucharon durante años por una democracia respetuosa de las diferencias genéricas, pero sus aliados partidarios perdieron las elecciones presidenciales, pese a haber conseguido cargos en el poder legislativo o en algunos gobiernos estatales y en el Distrito Federal.

Tarrés señala uno de los principales nudos de Inmujeres: su relación con las instancias de mujeres en los estados, 29 institutos, una Secretaría (Guerrero), un Consejo (Querétaro) y un Programa (Veracruz), capital de gran valor para promover temas relacionados con la transversalidad de género y la definición de políticas públicas en el ámbito nacional que debido a conflictos político-partidarios no ha podido prosperar.

A esto hay que agregar otros obstáculos derivados de su reciente creación: escasez de recursos materiales y profesionales y la necesidad de buscar legitimidad en la sociedad y en el gobierno.

REPARTICIÓN DE FONDOS

En 2004, por ejemplo, los recursos destinados por Inmujeres para fortalecer los institutos estatales, a través de 16 proyectos, tendieron a otorgarse con un criterio partidario. Mientras 50 por ciento de los estados que eran gobernados por el PRI recibieron sólo 25 por ciento de los fondos, únicamente a la mitad de los perredistas (en 18.7 por ciento de los estados) se les dio apoyo.

En cambio, el PAN gobierna 27.8 por ciento de los estados y todos ellos reciben apoyo, y en el caso de los gobernadores elegidos en alianzas del PAN con otros partidos, 3.5 por ciento, sólo la mitad recibió apoyo.

Otro caso fue el de una partida de $99 millones que la Cámara de Diputados autorizó, a través de la Comisión de Equidad y Género, para el fortalecimiento de las instancias estatales en 2005 y que, de acuerdo con Luz Rosales directora de Inmujeres-DF, no se peleó por ellos.

No se hizo nada para conseguirlo, ni en Hacienda, ni en la Cámara. No se hizo cabildeo. Salieron otros proyectos y este no. Hubo más preocupación de la Cámara de Diputados que del propio Inmujeres que tiene más de 250 millones de pesos de presupuesto.

El dinero llegó hasta el 2006 por otra vía (Indesol), reducido de $3 millones originales para cada instancia estatal a $2 millones, repartidos en dos entregas, una en junio y otra en septiembre.

Así, en la práctica, sostiene Tarrés, la mayoría de los institutos hace lo que puede con los recursos humanos y materiales que consigue movilizar en contextos regionales donde las prioridades de la elite política no son necesariamente los derechos de las mujeres.

Dos aspectos más reflejan la partidización de Inmujeres: la selección del nuevo Consejo Consultivo –que entrará en funciones el próximo 1º de diciembre y en donde quedaron varias consejeras de origen católico– y la designación de la nueva secretaria ejecutiva Maria Eugenia Díaz Gastine como secretaria Técnica del instituto, de origen católico y quien tiene estrecha relación con el Consejo Vaticano, instancia que en foros internacionales ha luchado por hacer retroceder los avances logrados en derechos humanos para las mujeres.

06/CV/GG

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