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Reportaje – Inoperantes, los institutos estatales de la Mujer

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A 15 años de creados, los mecanismos de la Mujer en los estados son el reflejo del desinterés de los gobiernos por promover los Derechos Humanos de la población femenina.
 
Alejados de su objetivo principal de encaminar las políticas públicas necesarias para alcanzar el pleno desarrollo femenino, los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas se han convertido en un espacio de promoción de los gobernantes en turno y de las ideologías de los grupos de poder.
 
De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, Cimacnoticias hace una revisión en cuatro entregas de la situación que guardan los institutos en seis de las entidades con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador de Naciones Unidas sobre la capacidad de las personas para desarrollarse como individuos.
 
La investigación se centra en los estados de Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Guanajuato y Chiapas.
 
A partir de entrevistas con usuarias, expertas, activistas, académicas y la revisión de material documental, se confirma que los institutos de la Mujer no impulsan legislación a favor de las mexicanas y tampoco vigilan la implementación de las normas vigentes.
 
Por ejemplo en Chihuahua, donde tan sólo en Ciudad Juárez –según cifras del Colegio de la Frontera Norte– mil 441 mujeres fueron asesinadas de 1993 a 2003 y en lo que va de 2014 la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha denunciado la desaparición de 60 jóvenes, el mecanismo estatal se ha mantenido al margen de la problemática.
 
O bien el caso del Instituto Guanajuatense de la Mujer, que mantuvo una postura contraria al derecho al aborto legal cuando en 2009 se reformó la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, e incluso lanzó una campaña a favor de la reforma que criminaliza a las mujeres.  
 
OFICINAS DE GESTORÍA
 
Lejos de intervenir en políticas y programas, muchas veces los servicios de los institutos se reducen a capacitación de funcionarios menores, y a atender a mujeres víctimas de violencia para luego canalizarlas a otras dependencias, ya que los mecanismos carecen de recursos o personal necesarios para dar seguimiento a los casos.
 
Y es que año con año el presupuesto de estas instancias apenas aumenta unos miles de pesos; por ejemplo, mientras el primer presupuesto del Instituto Veracruzano de la Mujer (en 2007) fue de 10  millones de pesos, sólo hasta 2013 el monto se duplicó a 20  millones.
 
María Luisa Tarrés, profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, advierte que los institutos se crearon en un contexto que no ofreció oportunidades políticas favorables para plasmar los proyectos del movimiento feminista, que desde los años 70 exigía que las necesidades de las mujeres estuvieran en la agenda pública.
 
Gabriela Delgado Ballesteros, maestra en psicología clínica e investigadora de la UNAM, recuerda que en 1995 durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, México adoptó la plataforma de acción que contemplaba la creación de un mecanismo para garantizar el desarrollo de las mujeres. 
 
Fue así que en 1995 nació el Programa Nacional de la Mujer  (Pronam), que en 1998 se convirtió en la Comisión Nacional de la Mujer (Conmujer), cuyo fin era impulsar políticas públicas en educación, cuidado de la salud, atención a la pobreza, trabajo, familia y combate a la violencia.
 
En 2001, por decreto presidencial el Conmujer se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a los 32 gobiernos estatales se les mandató replicar el modelo, pero no lo hicieron de manera uniforme.
 
DISPARIDAD INSTITUCIONAL
 
Y es que algunos organismos de la Mujer son descentralizados, otros desconcentrados, unos tienen autonomía, otros más fueron creados por decreto y otros por ley, lo que significa que pueden o no depender del Ejecutivo estatal e incluso estar en riesgo de desaparecer.
 
Delgado, también ex directora del Instituto de las Mujeres del DF, destaca que el espíritu de los mecanismos era que permearan a todas las secretarías estatales, para desde ahí poner en marcha programas integrales con perspectiva de género.
 
Lograr tal objetivo –aclara– dependía mucho del lugar dentro de la administración pública donde se colocara a los institutos. Se quería que fueran órganos descentralizados y autónomos con capacidad amplia de gestión, pero mientras algunos dependen de las secretarías de Gobierno, algunos otros no lo hacen, y muchos sufren modificaciones en el camino, explica la especialista.
 
Un ejemplo es el Instituto Mexiquense de la Mujer, creado por decreto en el año 2000, y seis años después convertido en un asistencialista Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Sólo Guerrero cuenta con una Secretaría de la Mujer –creada en 1998–,  lo que le da más atribuciones.   
 
A esta disparidad institucional se suma que apenas el 60 por ciento de los municipios a nivel nacional cuenta con un Instituto Municipal de la Mujer.  
 
Tarrés apunta que este panorama demuestra que no se ha logrado institucionalizar la perspectiva de género como una herramienta, para integrar a las mexicanas a la ciudadanía y el desarrollo.
 
“La institucionalización depende de la apropiación que funcionarios y sociedad civil hagan de esta perspectiva, y del valor que se otorgue a la equidad y a las mujeres en la sociedad y en el sistema político”, subraya. 
 
Los procesos de designación de las titulares de los institutos, sobre quienes recae la responsabilidad de gestionar e impulsar las acciones a favor de las mujeres, son otra prueba de la falta de interés de los gobiernos hacia estos mecanismos.
 
En muchos casos llegan al cargo mujeres sin visión de género o sin la formación política necesaria para gestionar las acciones y recursos necesarios. Este tema se abordará en la segunda entrega de este serial.
 
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