Reportaje – Riesgo de retrocesos en revisión de “Beijing+20”

La implementación de los acuerdos emanados de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 no ha traído beneficios plenos para la población femenina.
 
Al igual que hace 20 años, cuando se aprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing –que compromete a las naciones a impulsar la igualdad de género–, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el acceso al aborto legal y seguro, así como la distribución equitativa de los recursos económicos y el trabajo no remunerado, son los temas en los que los Estados se resisten a involucrarse de manera adecuada. 
 
Feministas que estuvieron presentes en las discusiones en 1995 en China, y que otra vez harán escuchar su voz ante Naciones Unidas en el evento “Beijing+20”, dijeron a Cimacnoticias que esa falta de compromiso real por parte de los gobiernos perjudica en mayor medida a las jóvenes, las indígenas y las mujeres en condición de pobreza o que viven en zonas rurales.
 
María Consuelo Mejía Piñeros, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Rafaella Schiavon Ermani, directora de Ipas-México; Gloria Careaga Pérez, académica del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, y Emilia Reyes, integrante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, coincidieron en que persisten ideas “sexistas, machistas y misóginas” en la toma de decisiones, que impiden alcanzar la igualdad de género.
 
Mejía Piñeros, quien formó parte de la delegación mexicana en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, dijo que se debe reconocer que en América Latina, México –junto con Colombia y Uruguay– son los países que más han avanzado en las 12 esferas de interés acordadas en esa cumbre.
 
La activista puso como ejemplo la creación de instancias especializadas para investigar la violencia de género. No obstante, acotó, existen severos retos pues “los derechos de las mujeres han avanzado mucho, pero no estamos ni en el 10 por ciento de lo que deberíamos lograr; las maravillas que Beijing ha promovido sólo han beneficiado a una élite”, consideró.
 
María Consuelo Mejía explicó que las mexicanas con acceso a servicios de salud adecuados por lo común cuentan con un alto nivel educativo, viven en las ciudades o tienen recursos económicos.
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó que el 33 por ciento de las mexicanas vive en entidades con desarrollo humano bajo (limitado acceso a salud, educación y empleo), mientras que ocho de cada 100 mujeres mayores de 15 años no sabían leer ni escribir.
 
La doctora Rafaella Schiavon apuntó que la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing no ha beneficiado por igual a todas las mexicanas, por ejemplo en la ampliación de los servicios de salud.
 
Para la especialista en salud sexual y reproductiva, México ha tenido un avance significativo en la generación de datos oficiales y ampliación de servicios incluso para las mujeres que abortan. “Existe una tasa de hospitalización alta por complicaciones por aborto, pero desde nuestra lectura eso nos habla de un acceso mayor a los servicios de salud”, precisó.
 
Schiavon resaltó que “la interrupción del embarazo sigue siendo uno de los cuellos de botella más severos en las discusiones a nivel nacional e internacional”, problema que se agudiza con las “barreras ideológicas” que no permiten garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente para las jóvenes.
 
Según el Consejo Nacional de Población, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos se redujo apenas en 2.2 puntos porcentuales en 12 años, pues la estimación era de 23.7 por ciento en 1987 y para 2009 bajó a 21.5 por ciento.
 
RESISTENCIAS CONSERVADORAS
 
Para Gloria Careaga, fundadora de la organización El Clóset de Sor Juana y quien jugó un papel primordial para que la voz de las lesbianas se incluyera en la agenda aprobada en 1995, coincidió en que lo que el movimiento feminista logró en Beijing “ha tenido un proceso irregular de implementación”.
 
“Se consideró que los años 90 fue la década de las mujeres por todos los logros que alcanzamos, pero hubo una gran resistencia que ha impedido que se avance de manera más clara en la protección de todos los derechos de las mujeres”, señaló.
 
La académica observó que no se ha logrado “el cambio cultural tan grande que imaginamos hace 20 años”, cuando se buscaba que las mujeres estuvieran presentes en todas las etapas de la vida. La resistencia “hacia esos cambios” se traduce –precisó– en índices de violencia, abuso sexual o discriminación elevados.
 
Careaga agregó que se han dado contextos emergentes no atendidos adecuadamente por el gobierno, tales como la alta tasa de embarazos tempranos, a la que se le ha dado una respuesta basada en la reducción de cifras, pero no enmarcada en un respeto de los Derechos Humanos (DH).
 
Emilia Reyes, quien estará presente en las discusiones que se realizarán en Nueva York desde este 8 de marzo y hasta el día 20, consideró que a partir de la Plataforma de Acción se avanzó en la realización de diagnósticos para identificar dónde se encontraban las mayores brechas de desigualdad entre los sexos.
 
No obstante, uno de los grandes retos es que no se ha podido entrar en todos los aspectos de la economía y en especial en aquellos relacionados a la pobreza, el comercio y la política fiscal, así como tampoco se ha avanzado en la redistribución del trabajo doméstico y no remunerado.
 
Al brindar su balance, las activistas señalaron su preocupación de que el replanteamiento de la Plataforma pueda implicar un retroceso.
 
Emilia Reyes explicó que previo a “Beijing+20” se han dado reuniones extraordinarias entre los Estados, y se teme que se esté “planchando” un proyecto de Plataforma con muy poco margen para la negociación.
 
Alertó que existen tres puntos de preocupación para las organizaciones civiles: algunas naciones (sobre todo islámicas) han mostrado una reticencia a incluir el término de igualdad de género; los intentos de que el documento no reconozca plenamente todos los DH de las mujeres, y que no se vincule la declaración final con la Agenda de Desarrollo Post 2015, que establecerá los objetivos de desarrollo sostenible que deberán alcanzar los países.
 
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