Reportaje – Sólo discurso, acciones contra feminicidio

Para las autoridades los acuerdos, programas y sentencias internacionales para detener los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, son letra muerta.
 
A la par del número de acuerdos incumplidos por las autoridades federales y de Chihuahua para intentar detener el feminicidio en Ciudad Juárez, la cifra de asesinatos de mujeres se ha incrementado a lo largo de 20 años en la urbe fronteriza.
 
Al igual que el cambio constante de hipótesis judiciales para investigar los crímenes –todas sin resultados–, el cúmulo de acuerdos y programas lanzados –con escasos o nulos efectos– contra la violencia hacia las juarenses, son un reflejo de la impunidad y simulación prevalecientes y la confirmación de que para el Estado mexicano las mujeres no importan.      
 
Según el Colegio de la Frontera Norte, el promedio anual de casos de feminicidio pasó de 33.4 entre 1993 y 2007, a 187 asesinatos de 2008 a 2012. En esos 20 años, los compromisos estatales y federales contra el flagelo no dejaron de firmarse, pero ninguno se cumplió a cabalidad.
 
HISTORIA DE SIMULACIÓN
 
El primer gran acuerdo incumplido derivó de un foro sobre los asesinatos de mujeres en Juárez, realizado a mediados de 1997, e impulsado por activistas e investigadoras como la antropóloga feminista Marcela Lagarde, Claudia Cruz y Patricia Olamendi.
 
El entonces gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, desairó el evento y en su lugar envió a funcionarios menores que se comprometieron a abrir los expedientes de los casos y a crear una unidad especial de seguimiento a los mismos, todo para detener el incipiente feminicidio.
 
Aunque las madres de las víctimas pudieron consultar los archivos y en 1998 el gobierno estatal creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios contra Mujeres, los delitos no se esclarecieron y los asesinatos fueron en aumento.
 
En noviembre del año 2000 activistas iniciaron la campaña nacional “Alto a la impunidad. Ni una muerta más”, para exigir al gobierno federal su intervención ante la ola de crímenes. La demanda fue atendida tres años después.
 
En 2003, la PGR creó la Fiscalía Mixta, pero no para atraer los casos, sino para coordinar esfuerzos con la Procuraduría estatal y coadyuvar al esclarecimiento de los delitos. Sin embargo, la tan celebrada colaboración no rindió frutos y la fiscalía desapareció dos años después.
 
FALTA DE SEGUIMIENTO
 
También en 2003, ante la presión internacional, el entonces presidente Vicente Fox lanzó el programa de 40 puntos de “Colaboración del gobierno federal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez”. Se trató del compromiso a nivel federal más importante hasta ese momento.
 
De ese programa se desprendió un convenio de colaboración con la ONU y se nombró a Guadalupe Morfín al frente de la creada Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en Ciudad Juárez.
 
Para dar seguimiento al acuerdo, la Secretaría de Gobernación instaló la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que en 2004 estableció que los 40 puntos se enfocarían a cuatro metas específicas: procuración y administración de justicia, atención a víctimas, fortalecimiento del tejido social, y políticas públicas con enfoque de género.
 
Al revisar los informes de la Subcomisión, así como de las dependencias federales que debían concretar los objetivos, Cimacnoticias constató que al menos hasta 2006 se dio seguimiento al acuerdo.
 
Hasta ese momento sólo se realizaron visitas a familiares de las víctimas, se les brindó acompañamiento para que supieran dónde denunciar, y también hubo conciertos en plazas de Ciudad Juárez, y talleres contra la violencia en escuelas de nivel básico. No obstante, no hay un registro claro de cuáles puntos se cumplieron y cuántos están pendientes.
 
Otro incumplimiento por parte del gobierno mexicano fue lo referente a la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó acciones específicas para detener el feminicidio no sólo en Juárez sino a nivel nacional. Pero el mandato no se ha acatado plenamente.
 
Y en 2013 la historia es la misma. En enero, el gobernador César Duarte se comprometió con madres de mujeres desaparecidas a dar seguimiento a los casos recientes, y a brindar un informe puntual sobre la situación de la joven Brenda Berenice Castillo –de quien la familia denunció que no se investigó su desaparición–, pero el mandatario incumplió los tiempos acordados.  
 
En junio pasado, ocho madres de jóvenes desaparecidas lograron tras un plantón de 10 días en el DF que dependencias federales signaran 10 compromisos específicos, los cuales hasta ahora tampoco se han acatado.
 
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