A cuatro años del Gobierno de Vicente Fox, nuestro país ha dado muestras de no solo estar violando los derechos humanos de conciudadanos, sino de migrantes centroamericanos, y ahora con tan lamentables hechos en Tláhuac, estamos más que reprobados en garantizar el respeto a los derechos humanos.
¿Qué daña la violencia? El derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, aunque México forme parte de más de 70 instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tratados internacionales que han sido suscritos por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y ratificados por el presidente de la República en cada uno de los casos que haya correspondido. Los tratados en general, son contratos entre Estados que generan derechos y obligaciones, prestaciones y contraprestaciones entre éstos, y que cuando esta prestación o contraprestación es incumplida se incurre en la violación del tratado y por lo tanto se genera responsabilidad internacional y opera todo el mecanismo que existe para dirimir este tipo de controversias entre estados.
Toda aquella idea de que en mi jurisdicción, o en mi pedazo de tierra, en mi uso de competencia sólo predomina la legislación que prevalece para ese pedazo de tierra, se acabó, la legislación, las normas aplicables dentro de sus jurisdicciones, dentro de sus competencias, de sus respectivas funciones, son solamente las que tradicionalmente hemos conocido como códigos penales, códigos civiles, ni siquiera nuestra propia Constitución, también son todo ese enorme cuerpo normativo, ese enorme sistema del llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es vigente a nivel interno y que tenemos la obligación de respetar, garantizar y reconocer a las personas, por encima del llamado usos y costumbres, o de la diversidad cultural de los pueblos.
No podemos perder la capacidad de indignación ante los hechos sangrientos del pasado 23 de noviembre en San Juan Ixtayopan, en que dos policías fueron masacrados brutalmente por la comunidad alentada por jóvenes que habían decidido unos días antes, hacer justicia en mano propia. Y se asentó el miedo que cultiva turbas, entre linchamientos y narcomenudeo, asomándose la absoluta desconfianza en las instituciones que preservan el orden y la procuración de justicia.
Este no es el único caso que se registra en nuestro país, aunque sin duda el de mayor difusión, con lo cual prevalece el criterio de rentabilidad noticiosa que pone al margen que la difusión de delitos con violencia producen mayor impacto en la conducta y estilos de vida tanto individual como colectiva, creando comportamientos de evasión, aislamiento, desesperanza y miedo.
La opinión popular en torno a estos hechos se polariza y aparece un rechazo mayoritario a que se respeten los derechos humanos de los delincuentes, sobre todo secuestradores. Siendo el 10 de diciembre el Día Mundial a favor de los Derechos Humanos cabe la pregunta si la defensa es sólo un buen discurso de las autoridades y no hay una verdadera convicción de su significado, o si estamos dando garantías para que se respeten. Poniendo en evidencia la existencia de un precario estado de derecho.
Sin afán de politizar el tema, para los intereses en torno a la elección del 2006, sabemos que hay impunidad, que hay corrupción, que existen problemas graves y crecientes de delincuencia organizada en narcotráfico, que existen violaciones a los derechos humanos de víctimas y victimarios, sin embargo, lo que es sorprendente es que ante los hechos, no basta el rechazo verbal, hace falta actuar para detenerlos. Por encima de si hay culpables o no, las personas no pueden responden con violencia aborreciéndola. No debemos aceptar la ley de ojo por ojo y diente por diente, porque se nos revierte la violencia.
No podemos aceptar que los derechos humanos se respeten para unos y no para otros, tampoco podemos aceptar que esa sádica violencia solo ocurra en lo público, imaginémonos lo que pasa en las habitaciones de las casas, ambos son abusos de supuestos derechos de autoridad.
Senadora e Integrante de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
2004/LS/SM
