En seis años, la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, causó graves daños a la población del estado de Guerrero, particularmente para quienes viven en la pobreza. «Los 4 casos de Guerrero ganados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), son las pruebas contundentes de las políticas fallidas implementadas» en la entidad.
Al hacer un balance del mandato perredista en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», detalló que a tres meses de que concluya, el resultado es negativo y el recuento de daños amplio ya que reflejan el incumplimiento de los objetivos, las estrategias y las líneas de acción planteadas en su Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.
«Fue pura demagogia, porque en ningún momento el Ejecutivo estatal se interesó en construir acuerdos y consensos que generaran un ambiente de gobernabilidad democrática y estabilidad social, como lo plantea en su primer objetivo».
La organización precisó que los casos de las dos indígenas violadas por militares, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los activistas Rosendo Radilla, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; hablan de un patrón de impunidad que persiste entre las fuerzas armadas que se amparan en el fuero militar.
El ejército en Guerrero ha cometido graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, torturas, allanamiento de morada y detenciones arbitrarias, sin embargo las autoridades civiles siguen encubriendo estos crímenes de lesa humanidad.
«La ocupación de territorios entre las comunidades indígenas ha sido para generar temor e impedir que los pueblos avancen en sus procesos organizativos autónomos. El poder militar, tomó el control de las instituciones de seguridad pública y con el tiempo se ha erigido como la única fuerza que no admite controles ni límites en su actuar, que lo obliguen a respetar los DH de la población civil».
Agregan que ante estos abusos, la CoIDH, en sus 4 sentencias ha ordenado al Estado mexicano para que el fuero civil investigue los delitos y castigue a los militares que gozan de impunidad.
No obstante, las autoridades civiles siguen empeñadas en evadir esta responsabilidad, para no dar el paso que se necesita para transformar nuestro sistema de justicia que está hecho para mantener en la impunidad a las autoridades que violan DH, denunciaron.
«Sin medir las fatales consecuencias», el gobernador Torreblanca Galindo, apoyó incondicionalmente la estrategia de Felipe Calderón, de utilizar el ejército para atacar frontalmente al crimen organizado, dejando los demás problemas delictivos y de la seguridad pública, supeditada a esta estrategia bélica.
«La seguridad pública en nuestro Estado sólo existe en el papel, en la asignación de presupuestos, en la construcción de cuarteles, en la dotación de equipo, de vehículos, en la capacitación y en las reuniones ostentosas que realizan a espaldas de la sociedad, para planear acciones que no inciden en la seguridad de las y los ciudadanos», abundaron.
POBREZA EXTREMA
«Tlachinollan», afirmó que durante este sexenio, la desigualdad en Guerrero se ha recrudecido con la profundización de problemas como el analfabetismo, la mortalidad materna, la desnutrición infantil, el desempleo, el hambre y la expansión del fenómeno migratorio.
A pesar de ello, el gobierno se inclina por los intereses de la clase empresarial, que son defendidos por los políticos con argumentos etéreos para promover desde el poder inversiones millonarias, y controlar el sistema financiero en el círculo cerrado de los grandes capitalistas.
En el documento, los activistas exponen que el Gobernador se olvidó de mejorar las condiciones de vida de la población que vive en situación de pobreza extrema y se empeñó en impulsar la construcción de la hidroeléctrica «La Parota», como único detonador del desarrollo económico .
De acuerdo con datos publicados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Guerrero ocupa el lugar 31 en cuanto al índice de desarrollo democrático. La medición realizada en el rubro del poder efectivo para gobernar ocupa el lugar 30.
«Esto quiere decir que la forma de Gobierno implementada por el gobernador Zeferino Torreblanca no se tradujo en un bienestar tangible para la sociedad».
En lugar de impulsar el desarrollo social y humano, brindando atención especial a los grupos vulnerables, el Gobernador no sólo ignoró las reivindicaciones sociales y el respeto a los DH, sino que endureció su postura y utilizó figuras delictivas para criminalizar a los luchadores sociales.
ELECCIONES 2011
Ante las elecciones del próximo año, «Tlachinollan», advirtió que la ambición e improvisación de los ahora candidatos son un gran peligro para la sociedad. «El escenario del 2011, con una elección en puerta no despierta grandes expectativas entre los sectores más golpeados y marginados de la sociedad guerrerense».
El proceso electoral ha dejado de representar una oportunidad política para que la población pueda manifestarse libremente. La gente tiene claro que el rumbo político por el que se siguen encauzando los candidatos, es totalmente contrario a las aspiraciones históricas por las que han batallado muchas generaciones de guerrerenses.
La falta de autenticidad y la demagogia que se manifiesta en el actuar de los candidatos ha sido la causa del descrédito y desencanto que permea en el ánimo de los electores, finalizó «Tlachinollan».
10/GTR/LR
