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Reprueban en Jalisco criminalización de la protesta social

Por Redaccion

El pasado 31 de agosto miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se trasladaban en 12 unidades hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde realizarían una manifestación para conmemorar su lucha contra la privatización de la educación y la puesta en marcha de las políticas neoliberales de los últimos sexenios, informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Alrededor de 320 mujeres y 350 hombres procedentes de distintas Normales Rurales de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes, Distrito Federal, Chiapas, entre otros estados, se reunieron en Atequiza, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a fin de emprender el viaje hacia Guadalajara.

Durante su trayecto, cerca de 10:30 de la mañana y más o menos a tres kilómetros de Atequiza, en el poblado de Santa Rosa, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado detuvieron los 12 autobuses en que los normalistas viajaban, sin comunicarles la razón del hecho.

Las unidades estuvieron inmovilizadas por poco más de cuatro horas, tiempo en que los elementos policiales hostigaron a los normalistas; al lugar, además de una patrulla de la Policía Federal llegaron elementos antimotines en dos convoys.

Alrededor de 70 elementos de seguridad pública rodearon las unidades –algunos de ellos vestidos de civil–, se colocaron en las puertas de los autobuses para impedir que los estudiantes salieran, golpearon las ventanas con su equipo de seguridad y ejercieron presión psicológica contra ellos, que no pudieron tomar agua o satisfacer sus necesidades fisiológicas durante el tiempo que los tuvieron retenidos. Fue hasta las 14:16 horas cuando se les permitió seguir circulando.

Los hostigamientos y amenazas psicológicas de las que fueron víctimas los estudiantes de la FECSM repercutieron de manera especial en las mujeres que tomarían parte en la manifestación, pues varias de ellas sufrieron desmayos o nerviosismo severo al encontrarse en una situación de encierro e incertidumbre sobre la posibilidad de ser violentadas por los elementos de la policía.

Finalmente, además de informar que interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CEPAD consideró la apremiante necesidad de reafirmar el respeto a los derechos humanos, pues sin esto no hay democracia, y en este caso en particular retomó lo que afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando señala que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de expresar libremente su opinión. La CIDH estima que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio participación.”

09/LG

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