Mujeres y feministas de México y América Latina manifestaron su repudio por la creciente violencia contra las mujeres del pueblo indígena Triqui, situado en el occidente del estado de Oaxaca, estado del país con los más altos índices de violencia contra las mujeres.
Según cifras oficiales, Oaxaca ocupa el primer lugar de prevalencia de violencia sexual y es la entidad con el mayor número de casos de violencia feminicida.
Así lo señalaron en comunicado de prensa, firmado por más de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y cinco redes internaciones, entre las que se encuentran el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID).
Informan que el pueblo Triqui ha luchado históricamente por el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación; sin embargo, desde hace varias décadas vive un conflicto social que ha derivado en una división interna, siendo las mujeres las principales víctimas.
Se ha documentado que la violencia contra las mujeres triquis en la zona data desde hace muchos años, derivada en parte de los conflictos políticos y el sistema de usos y costumbres que indican que «su función responde a la procreación y conservación de la familia». Y el reconocimiento de sus derechos humanos como ciudadanas le es ajeno, al grado de convertirse en botín de las disputas (Cimacnoticias 10 enero 08).
En este sentido el documento, firmado por más de 100 feministas entre las que destacan la Diputada Federal Maricela Contreras Julián y Pilar Murieras, indica que la histórica violencia doméstica y la exclusión de las mujeres triquis en la toma de decisiones, se suman decenas de casos de violación, amenazas, lesiones, secuestros y expulsión provocados principalmente por los grupos en pugna.
Sin embargo, en esa violencia contra ellas se han visto involucrados caciques y efectivos del Ejército, sin que las autoridades federales y locales hagan algo por impedirlo, señalan las organizaciones.
Dos casos, por su gravedad y por la falta de voluntad para resolverlos de las autoridades y los grupos en conflicto, han conmovido a la opinión pública: uno de ellos es el de la desaparición, el pasado 5 de julio de 2007, de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, la primera de 20 años y profesora bilingüe de educación primaria y la segunda de 14 años; hasta la fecha las jóvenes triquis no han sido encontradas y nadie ha sido aprehendido como responsable de su secuestro.
El segundo caso es el asesinato, el 7 de abril de este año, de Felícitas Martínez y Teresa Bautista de 21 y 24 años, quienes trabajaban en la estación de radio comunitaria «La voz que rompe el silencio».
Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que realicen acciones para detener la violencia contra las mujeres en las comunidades Triquis. También para que atiendan los reclamos de justicia y seguridad de las y los familiares de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, absteniéndose de medidas que puedan acrecentar la violencia, como sería la militarización de la zona, enfatizan.
Llaman también al pueblo Triqui para que condene todo acto de violencia contra las mujeres de sus comunidades y emprenda el camino del diálogo y la construcción de acuerdos entre los grupos en conflicto, reconociendo la voz y las demandas de las mujeres.
«La violencia contra las mujeres debilita la democracia y limita el desarrollo de las naciones y los pueblos. Es responsabilidad de toda la sociedad erradicarla y avanzar en la construcción de un mundo basado en el pleno ejercicio de los derechos humanos», señalan.
MUJERES TRIQUIS: HISTORIA DE VIOLENCIA
La violencia contra las mujeres triquis en la zona data desde hace muchos años. En 1978, según un recuento elaborado por Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), se instaló en San Juan Copala un retén militar, lo que resultó en mayor violencia a las familias que carecían de poder político o violaciones sexuales a mujeres triquis, quienes no denunciaban por temor a ser rechazadas por sus familias o esposos.
De este hecho sólo se documentó la violación a 14 mujeres. Otras nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa fueron detenidas por militares, se les torturó e hizo confesar delitos que no cometieron.
Para la década de los ochenta, la Procuraduría de Justicia del estado conoció más torturas a mujeres, menores de edad y personas mayores y otras tres mujeres fueron reportadas como violadas en Cruz Chiquita y en El Rastro otras cuatro.
La Limeddh dio a conocer los nombres de dos jóvenes agredidas sexualmente, una de 14 años, atacada en julio de 2006, y otra de 17 años, violentada en octubre de 2007, como las únicas que se atrevieron a presentar denuncias de los hechos.
08/GT/GG
