A pesar de que no contar con los lineamientos, estructuras jurídicas y un protocolo de funcionamiento, autoridades federales y del estado de Chihuahua inauguraron el Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Juárez, con una inversión de más de 23 millones de pesos y en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero.
Organizaciones de la urbe fronteriza, así como madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, acusaron que el centro fue abierto «al vapor» para quedar bien en el exterior y decir que en la entidad se «protege a las mujeres».
Durante el acto encabezado por el gobernador César Duarte, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y familiares de las víctimas se levantaron y salieron del evento en repudio al Centro de Justicia para las Mujeres.
Las y los manifestantes mostraron fotos de sus hijas que siguen sin ser localizadas, y exigieron que la nueva instancia lleve el nombre de «Ni una Más», pero no fueron escuchadas por las autoridades.
«Ante esta política de simulación las organizaciones nos retiramos de la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres en Juárez, anunciado como un modelo único en todo el país para que ellas puedan acceder a la justicia, cuando no es así», expresó Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Denunció que a un año y tres meses de que se colocó la primera piedra de esas instalaciones, el centro «aún no está listo».
Habrá nuevas oficinas con ministerios públicos que replicarán lo que hasta hoy han hecho: negar el acceso a la justicia a las victimas y se continuará perpetuando la impunidad, recalcó la activista.
La dirigente de la Red que agrupa a 10 organizaciones de Juárez aseguró que el nuevo Centro incurrirá en los mismos errores en los que ha caído el de la ciudad de Chihuahua, toda vez que no ha funcionado por falta de estructuras jurídicas y un protocolo de coordinación entre autoridades judiciales.
«Ahí (en Chihuahua) las y los funcionarios de las distintas instancias no tienen una coordinación única», es decir cada uno responde a su jefe y entre ellos no hay comunicación, por lo que cada cual tiene su línea de investigación sobre un mismo caso, explicó Marrufo.
Agregó que durante todo 2011 la Red Mesa de Mujeres insistió a las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, sobre la necesidad de reunirse para desahogar todo lo relativo al funcionamiento del nuevo Centro de Justicia, pero nunca tuvieron respuesta.
DEMANDA AÑEJA
En una carta entregada ayer a autoridades federales y estatales, las OSC recordaron que desde hace siete años el movimiento de mujeres propuso la creación de centros de justicia en el estado de Chihuahua.
«Los centros de justicia fueron propuestos e impulsados por las organizaciones» desde la administración del ex gobernador José Reyes Baeza, destacaron.
En tanto, el gobierno de Chihuahua presumió que con el Centro de Justicia para las Mujeres se da cumplimiento a la sentencia de la CoIDH en el caso conocido como Campo Algodonero, en el sentido de brindar «atención integral, profesionalizada y eficiente a las mujeres víctimas de violencia».
El 10 de diciembre de 2009 la CoIDH resolvió que el Estado mexicano fue responsable de no garantizar el derecho a la vida y la justicia en tres casos de asesinatos dolosos de mujeres (feminicidio), y lo sentenció a realizar investigaciones exhaustivas, y a sancionar a las y los funcionarios que incurrieron en omisiones, e impidieron garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
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