Abierto por primera vez a las cámaras, el diálogo por la seguridad permitió atestiguar un análisis más honesto de esta desgastante narcoguerra y su falso dilema: o seguridad o justicia, que lo ha opacado todo. Calderón admitió que no hay control del país, propone un debate sobre la legalización de las drogas, invita a la sociedad a juzgar a los gobernadores, tan duramente como se le ha juzgado a él, y exigió nombres de extorsionadores.
Y ¿Cómo sanar las emociones que han nutrido este enredo argumentativo nacional por tres años? desde la honesta sensación de haber sido víctimas de injusticia hasta la injustificada intolerancia, el enojo, la ira, la angustia y el resentimiento social, así como el desprecio por la vida de las y los otros.
Todo ello acompañado de la inmadurez y la ignorancia que recurren al insulto fácil y a una venganza hacia quienes por largo tiempo han ignorado a las y los desposeídos. Allí en el centro está la corrupción de la misma sociedad, nuestra incapacidad y falta de voluntad para respetar y seguir las reglas.
Ciertamente Calderón heredó un país con un sistema educativo corrupto e ineficiente, construido para mantener a millones sin la educación y el poder inherente a la cultura y al desarrollo del pensamiento libre.
Un sistema de justicia penal colapsado anticuado e inquisitivo. Un legislativo inoperante, obsesionado con crear delitos y endurecer penas para un aparato inservible. Ya sabemos que hay gobernadores, alcaldes y procuradores al servicio de la cleptocracia y de la narcocracia y Calderón pide que los evidenciemos (como si no lleváramos años haciéndolo). Recordemos que en el ámbito federal las sentencias firmes en el 62 por ciento de los casos se modifican por órdenes del Ejecutivo. Cada quien lo suyo.
Me pregunto si las y los mexicanos con acceso a la educación, a los medios, al poder, están dispuestos a sacrificar las ganancias personales que deja la corrupción implícita en saltarse las reglas y las leyes.
Si está dispuesto el Estado a elevar la inversión pública en educación para los 8 millones de jóvenes que se quedan sin estudios. O los tres poderes a sentarse con las organizaciones civiles que protegen a víctimas del delito como interlocutoras y socias de la construcción de la paz.
Si están dispuestos a llevar a juicio político y penal a los gobernadores y alcaldes más peligrosos para el país. Si el Sistema DIF está dispuesto a revisar su sistema semi-carcelario para menores víctimas y huérfanos de la violencia y crear un modelo de educación para la paz.
Ahora que se abrió al diálogo, Calderón tendrá que demostrar que puede gobernar a México a pesar de los políticos corruptos y a pesar de sí mismo. Mientras tanto cada una y uno de nosotros tendrá que preguntarse qué parte le toca en esta historia, porque la guerra puede no ser nuestra, pero el país sí lo es.
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