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Resta largo camino de Objetivos del Milenio

Por Guadalupe Vallejo Mora

Varios son sin duda los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe en materia de pobreza, salud, trabajo, educación, equidad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, para articular los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) con la Plataforma de Acción de Pekín (1995).

Y es que las y los participantes del Congreso Internacional Camino a la Igualdad de Género: Propuestas, dejaron ver el largo camino que aún tienen los gobiernos de la región, en el evento organizado los días 1 y 2 de agosto por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Tal fue el caso de Thierry Lemaresquier, representante residente del PNUD en México, quien advirtió la necesidad de que los gobiernos de la región aterricen sus compromisos para evitar que flagelos tan lacerantes como la femenización de la pobreza se perpetúe y amenace los avances logrados en el cumplimiento de los ODM.

Fue más allá al destacar que en la actualidad las mujeres “suelen ser más pobres, gozar de peor salud y educación”, además de que tienen “menos oportunidades de sortear la brecha que las separa de los varones”. Y sentenció: “Cada vez existe más evidencia empírica de que los rezagos que padecen las mujeres se traducen en menor bienestar social para el conjunto de la sociedad, y que el camino hacia un mundo más justo y libre pasa necesariamente por la igualdad de oportunidades entre los sexos”.

La directora de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Rebeca Grynspan, también dejó escuchar su voz para denunciar que en la actualidad uno de los mayores retos de la comunidad internacional es convertir los ODM en una herramienta útil no sólo para alcanzar las metas planteadas, sino para discutir cómo seguir avanzando hacia la equidad de género tocando el núcleo duro de las grandes desigualdades.

Y es que de acuerdo a Grynspan, algunos de los ODM están explícitamente encaminados a lograr una mayor equidad de género, y que no debe perderse la visión transversal dentro de una concepción integral de los mismos, pero tampoco la visión integral dada por las cumbres y la misma Declaración del Milenio.

LA CRUELDAD DE LAS CIFRAS

A lo largo de los dos días de trabajos –divididos en cinco mesas-, se fue revelando una a una la crueldad de las cifras que amenazan a la región, donde el índice de feminidad de la pobreza alcanza valores superiores a 100 entre la población de 20 a 59 años, edades en que la vulnerabilidad femenina frente a la pobreza es mayor.

En materia de salud, las muertes por causas relacionadas con el embarazo y el parto siguen siendo un grave problema de salud pública, e incluso existen grandes diferencias entre los países de la región: Sólo un grupo pequeño aparece con niveles por debajo de las 50 muertes por cada 100 mil nacimientos.

La lista está encabezada por Uruguay, Chile, Cuba, Santa Lucía, Argentina y Costa Rica y Brasil. México se sitúa en el lugar 13, y en el 20 en atención calificada de parto, después de Santa Lucía, Granada, Dominica, Belice, Chile, Barbados, Argentina y Brasil.

En el rubro de educación la situación tampoco es nada halagadora de acuerdo con los ODM, pues la mayoría de los países de la región ha logrado el acceso igualitario de niñas y niños a la enseñanza básica (primaria y secundaria), aunque en México queda pendiente el área de educación terciaria.

Sin embargo, en México la meta de la igualdad ha sido alcanzada sólo por las niñas y niños de hogares no pobres, y sigue representando un desafío para las niñas de hogares pobres y residentes en zonas rurales, cuyas tasas de asistencia a la escuela son menores que las de las zonas urbanas.

En muchos países prevalecen sin grandes cambios las tasas de analfabetismo femenino, en tanto que las mujeres que tienen acceso a la educación superior ingresan a carreras tradicionales, como las ciencias sociales y humanidades, de ahí la urgencia de reorientar su participación en carreras relacionadas con los actuales cambios y adelantos.

El creciente ingreso de ellas al mercado laboral se conjuga con su concentración en empleos precarios, mal remunerados y de baja productividad. En México, el 45 por ciento de las mujeres ocupadas se halla en esta situación, además de que sus ingresos siguen siendo menores a los de los hombres en iguales posiciones y con el mismo nivel de instrucción, precisó.

En el rubro de participación política, las leyes de cuotas, para ser efectivas, requieren de tres condiciones básicas: que se adecuen al sistema electoral y estén consagradas en la ley, que estén bien reglamentadas y que el organismo electoral vele por su cumplimiento, situación que sólo se ha dado en Argentina, Costa Rica y México, en éste último aún limitado.

Las estadísticas sobre violencia de género, fenómeno que afecta a una de cada tres mujeres en la región, dejaron ver otra vez la crueldad de las cifras, puesto que se trata de una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad de género y de las principales barreras para el empoderamiento de las mujeres.

Tipificar el feminicidio y la explotación sexual como delito y promover la creación de un Observatorio Nacional que asegure la eliminación de la violencia contra las mujeres, son otras de las conclusiones a las que llegaron representantes de organizaciones civiles, partidos políticos, funcionarias de los institutos de las mujeres en los estados, así como regidoras.

Las cinco mesas de trabajo fueron: Pobreza, Economía y Desarrollo; Mecanismos de participación en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; Violencia contra las mujeres y salud; Educación, la niña y las y los jóvenes y los medios de comunicación, así como Derechos Humanos y conflictos armados.

Al final, el representante de la cancillería, Ernesto Céspedes Oropeza, se comprometió a enviar las conclusiones a los gobiernos de los estados, institutos de las mujeres, municipios, legisladoras y legisladores, así como tribunales estatales y del Distrito Federal para que los incluyan como temas de discusión o iniciativas.

Confió: “Ojalá prosperen en iniciativas que nos lleven a armonizar los códigos penales en materia de derechos de las mujeres, porque la lucha no acaba aquí, la lucha empieza”.

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