Revés a empresario que se niega a pagar a trabajadoras

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) Número 3 admitió un amparo para que las ex trabajadoras de la Maquila Cartagena –que lleva más de dos años en quiebra– presenten nuevas listas y padrones de empleadas, toda vez que los documentos que ha usado esta autoridad y que proporcionó Ernesto Kuri Serur, dueño de la empresa, no están certificados.
 
El jueves pasado se notificó a la Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales –que representa a más de 13 costureras que siguen en resistencia afuera de la Maquila Cartagena, en la colonia El Retoño, en esta capital– que la JLCyA concedió el amparo que interpuso esta defensa desde febrero pasado, debido a que los padrones y listas de trabajadoras que ha utilizado la autoridad laboral (proporcionados por Kuri Serur) no provienen de instancias oficiales ni contienen los datos reales del personal afectado, a quienes se les debe hasta más de 200 mil pesos de liquidación por persona.
 
De acuerdo con Eduardo Díaz Reguera, abogado de las trabajadoras –quienes mantienen un plantón afuera de la maquila desde 2013–, el próximo martes tendrán una audiencia para que demuestren el uso de padrones inválidos, y presenten documentos certificados por dependencias de gobierno con los nombres de las trabajadoras afectadas por el cierre de operaciones debido a una mala administración, lo que perjudicó a más de 100 mujeres de las que sólo 13 –principalmente las mayores de 50 años de edad– permanecen en lucha por sus derechos.
 
El abogado ya había explicado a esta agencia que Kuri Serur ha presentado trabas para evitar que las trabajadoras estallen una huelga; entre ellas, firmar un contrato colectivo tras la quiebra de la maquila con un sindicato de protección (“charro”); chantajear a las mujeres con argumentos “paternalistas”; obligarlas a aceptar liquidaciones individuales de sólo 15 mil pesos; pagar a algunas trabajadoras para que no voten en su contra, y dar padrones y listas con nombres de personas que no trabajaron en la maquila.
 
Además, los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que el empresario dio de baja a las trabajadoras desde marzo de 2012 (antes de la quiebra), por lo que IMSS no puede aportar un padrón confiable, detalló Eduardo Díaz.
 
Con listas y padrones “apócrifos”, el empresario consiguió hace seis meses que en el último recuento de votos para declarar la huelga algunas de las trabajadoras no pudieran votar y otras personas se opusieran.
 
Según Díaz Reguera, una vez que la Junta Local admita los documentos certificados que el abogado obtuvo, se procedería a una nueva votación para determinar el estallamiento de la huelga, lo que obligaría al patrón a negociar con las trabajadoras una mejor liquidación y un acuerdo para el pago de salarios vencidos.
 
Juana Bautista, costurera de 60 años de edad que participa en el plantón, dijo a Cimancoticias que mientras aguardan la respuesta de la JLCyA, las trabajadoras se organizan desde hace varias semanas para vender comida los sábados en distintos eventos a los que las convocan –para apoyarlas– colectivos estudiantiles y de trabajadores.
 
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