El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, doctor Rodolfo Stavenhagen, dirigió una carta a las distintas autoridades de Yucatán para expresar su preocupación por el caso de don Ricardo Ucán y para exhortarlas a establecer una ley de indulto que permita la liberación de indígenas que han sido sentenciados en franca violación a sus derechos humanos.
Uno de los primeros casos que se tendría que analizar sería, sin lugar a dudas, el del Sr. Ricardo Ucán, indica el Relator Especial de la ONU sobre las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de acuerdo con un boletín de Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia y en cuyo juicio se violaron sus derechos a una defensa adecuada, a contar con intérprete y a no ser discriminado, dice el equipo Indignación en un informe especial sobre el caso titulado Los Agravios. Discriminación e injusticia en los juicios contra personas mayas en Yucatán.
En una carta dirigida al Congreso del estado de Yucatán, al Gobernador y al Tribunal Superior de Justicia del estado, de la cual el equipo Indignación de Cencos recibió una copia, el Relator también manifiesta su preocupación porque Yucatán no cuenta con una ley para sancionar la discriminación.
Una ley de indulto y una ley que prevenga y sancione la discriminación «son dos medidas posibles que la Relatoría a mi cargo considera indispensables para que los distintos poderes de Yucatán actúen eficazmente para resarcir los daños que una larga historia de discriminación ha causado al pueblo maya», añade el Relator.
El Dr. Stavenhagen dedica el párrafo final de su carta al Poder Judicial, expresando que es necesario que dicho poder «sancione a quienes en uso de sus funciones hayan violado los derechos humanos del pueblo indígena maya, como sucedió con la defensora y los juzgadores que participaron en el proceso de Ricardo Ucán Ceca».
RICARDO UCÁN CECA
El equipo Indignación considera, junto con el Relator, que el caso de don Ricardo ejemplifica una situación de discriminación y vulnerabilidad que se vive en un estado donde más del 50 por ciento de la población es indígena, por lo que urgimos al poder legislativo a atender el llamado del Relator Especial de las Naciones Unidas.
Desde el año 2004 Indignación acompañó la solicitud de indulto que hizo don Ricardo al gobernador Patricio Patrón. Sin embargo, el gobernador respondió en ese tiempo que en el caso del señor Ricardo Ucán Ceca, después de un estudio de las disposiciones legales, se ha llegado a la conclusión que el suscrito carece de fundamento legal para otorgarle su libertad inmediata como usted demanda.
Si bien es cierto que en la normatividad estatal no existe la figura del indulto, el gobernador tenía la facultad de presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del estado, facultad que no ejerció.
El Congreso del estado, por su parte, ha omitido establecer la figura del indulto. El Poder Judicial convalidó, en su momento, las violaciones contra los derechos humanos de don Ricardo Ucán.
La semana pasada Amnistía Internacional (AI) llamó la atención sobre el caso de Ricardo Ucán al incluirlo en su informe sobre la situación de la justicia penal en México, el cual se encuentra en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ahora el Relator Especial sobre pueblos indígenas se dirige a las autoridades yucatecas para referirse a él.
El informe de Indignación presenta un análisis, instancia por instancia, de la actuación de los órganos del estado que intervinieron en el procedimiento penal seguido a Ricardo Ucán Ceca y que hacen que su caso sea representativo, paradigmático e ilustre una situación de discriminación, inequidad y desprecio que viven las y los indígenas mayas en el estado de Yucatán.
07/GG/CV
