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Saltillo: acción deficiente de Procuraduría en caso de la Diócesis

La Diócesis de Saltillo calificó como deficientes las diligencias de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, debido a que esta instancia extravió el dictamen médico de Mariana Villarreal, agredida por desconocidos el pasado 20 de diciembre en las oficinas del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

La pérdida de este documento ocasionó que el inicio de la averiguación previa se retrasara por espacio de 18 días hábiles y que fuera retomado hasta el día de ayer por el área de Robos del Ministerio Público, que desconoce por completo los antecedentes del caso.

Así lo dijo, en entrevista para Cimacnoticias vía telefónica, la titular de comunicación de pastoral de comunicación, Jacqueline Campbell, quien señaló que con lo anterior queda en evidencia la eficacia del sistema de procuración de justicia en Coahuila.

Comentó que Mariana Villarreal, agredida por dos encapuchados quienes la encerraron en el baño y le propinaron golpes en cara y cuerpo, con el objetivo de trasculcar documentación del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fue citada para hacer identificaciones de fotografías.

“Mientras que por un lado se dijo que ya había líneas de investigación, por el otro el agente sale con que se deben presentar a identificar, cuando los agresores estaban con la cara tapada, subrayó.

Esto delata, dijo Campbell, que el agente encargado de robos, Ramón Olvera Solís, no tiene idea de lo sucedido y ni siquiera le dio una leída a la denuncia.

Lo preocupante, dijo la encargada de comunicación de la Diócesis, es que si eso sucede con un caso que se hace público, qué no deberán pasar las y los miles de ciudadanos de a pie, cuando recurren al Ministerio Público para hacer una denuncia.

Mariana Villarreal presentó la querella en la agencia receptora del Ministerio, acompañada del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien calificó el acto como una afrenta al trabajo que realiza la Diócesis en pro de la defensa de los derechos humanos.

El 26 de diciembre fue Alejandro Ponce Ramos, secretario abogado de la agencia receptora de denuncias, quien levantó la denuncia y la turnó al agente del Ministerio Público del Área de Robos a cargo de Ramón Olvera, la persona encargada de integrar la averiguación previa.

08/SN/CV/GG

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