Una de las líneas de acción emanada de las Conferencias de El Cairo y Beijing fue la asignación de recursos de los diferentes países para la ejecución de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, que en el caso de México han dependido del gobierno en turno y reflejan la prioridad de la administración.
Si bien en los últimos años se ha logrado tener un presupuesto etiquetado para la salud de las mujeres producto del cabildeo en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Equidad y Género, quien logró el mayor presupuesto en 2006 al obtener un monto por casi 2 mil millones de pesos, lo cierto es que éste permanece en la incertidumbre año tras año.
Uno de los ejes de la política de salud sexual y reproductiva, porque concentra la mayoría de los programas para las mujeres, es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGYSR) de la Secretaría de Salud, que desde su creación en 2003 no ha tenido un monto fijo y que diversas organizaciones civiles han documentado que «ha tenido limitaciones para cumplir con su mandato».
En un balance del sexenio foxista realizado por el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, se advierte que en el sexenio del cambio hubo un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos y no existió una política rectora a favor de éstos.
Tampoco se incorporó la perspectiva de género en todos los programas del CNEGYSR que «pareció más la suma de programas que una estrategia integral para atender la salud de las mujeres y en particular la sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos», como se acordó en El Cairo y Beijing.
A 13 años del compromiso asumido por el Estado mexicano en ambas conferencias, las mujeres continúan pugnando por contar con dinero específico para programas de combate a la muerte materna, planificación familiar, cáncer cérvico-uterino (Cacu) y mamario y en los últimos años al VIH/SIDA. Pero con la continuidad del gobierno panista, el panorama, según ha reportado el Foro, no será mejor con Felipe Calderón.
Muestra de ello es el presupuesto asignado para este año en materia de salud, cuyos recursos se fueron en su mayoría al Seguro Popular, programa «estrella» del gobierno foxista que continúa en la administración de Calderón.
«LA ESTRATEGIA»
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 de Felipe Calderón menciona a la salud sexual y reproductiva en el rubro de Igualdad de Oportunidades, y señala la «estrategia» que impulsará en esta materia.
De acuerdo a lo establecido en el PND el 15 por ciento de las muertes de la población en el país se deben a enfermedades asociadas con la pobreza «como las infecciosas, la desnutrición y las que tienen que ver con la reproducción».
El documento reconoce que el Cacu, el VIH/SIDA y el Virus del Papiloma Humano (VPH) son los problemas que continúan afectando a la población femenina y señala que promoverá la salud reproductiva, la materna y perinatal.
El PND contempla establecer una estrategia integral que identifique y privilegie a las mujeres de las zonas más rezagadas del país para acercarles los servicios de salud a través de las caravanas de la salud.
Los grandes retos nacionales para mejorar la salud perinatal se presentan en la necesidad de establecerla como prioridad en la agenda nacional, al mismo nivel que hoy se encuentra la salud materna» señala el PND.
Pero el discurso no se refleja en la práctica, toda vez que el Ejecutivo ni contempla como prioridad la salud sexual y reproductiva, ni destina suficiente dinero en el presupuesto de egresos que envía al legislativo.
Muestra de ello es el presupuesto para 2007 cuyos montos se redujeron para los programas del CNEGYSR y otros programas ni siquiera tienen recursos etiquetados como el del VIH/SIDA, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación contra las Mujeres, Hábitat, Fonaes, el Programa para la Vivienda Rural y Oportunidades.
Más aún, el programa Arranque Parejo en la Vida, creado para abatir la muerte materna, «prioridad nacional», desde 2004 dejó de recibir recursos etiquetados pasando a ser parte del Seguro Popular.
Como lo ha señalado la organización civil Fundar, especialista en temas de presupuesto y cuenta pública, «cada año el gobierno mexicano distribuye estos recursos (etiquetados para mujeres) de manera diferente, cambiándolos de unidad responsable para su operación o integrándolos a bolsas presupuestales consolidadas con otras acciones o programas».
07/LGL/GG/CV
