En este país no es inaudito que un proceso legal tarde 33 años, pero tampoco es una novedad que con una sentencia judicial se pretenda afectar un área verde en la ciudad de México de 34 mil 179.56 metros cuadrados para beneficiar intereses privados.
Tampoco es extraño (porque en este país la justicia se aplica al revés), se pretenda entregar a un particular en perjuicio de la sociedad una extensión mayor de la reclamada.
Originalmente en un juicio de particulares iniciado en 1977, se exigió al gobierno federal la entrega de 29 mil 190.00 metros cuadrados, y ahora la jueza Ana Luisa Mendoza Vázquez responsable del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ordena al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, devolver 34 mil 179.56 metros cuadrados.
La extraña sentencia de la señora jueza también ordena entregar a particulares bienes propiedad de la Nación, los cuales por su naturaleza no se pueden otorgar para beneficio propio.
La superficie que se ha ordenado entregar es la que ocupaba el cauce original del Río «Polanco», llamado también «de Tecamachalco» o de «Los Morales», que cruzaba a lo largo y por la parte media del parque «Reforma Social» ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, y que por tratarse de un río es de dominio público de la Federación, es decir inalienable, imprescriptible e inembargable.
La historia de este pleito legal comenzó cuando el Gobierno Federal expropió el 1º de julio de 1977, por el entonces Presidente de la República José López Portillo, a favor de la comunidad, una extensión de 29 mil190.00 metros cuadrados.
El decreto presidencial publicado el 4 de julio de 1997 ordenó textualmente:
«…Sin desincorporar de los bienes del dominio público de la Federación se destina al servicio del Departamento del Distrito Federal, el predio … con superficie de 29,190.00 metros cuadrados a fin de que se continúe utilizando … con la estación de transferencia de basura, e instale en el terreno restante un conjunto de servicios deportivos con áreas arboladas y zonas verdes…»
Los vecinos de la colonia «Reforma Social», que habitan en la delegación «Miguel Hidalgo» del D.F., han alertado al Gobierno Federal de la existencia de estas irregularidades en una carta entregada en la residencia Oficial de los Pinos el pasado 12 de agosto del año en curso en el que se pretende beneficiar a un particular representado por la sucesión de Carlos Cuevas Lascurain.
El gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el Gobierno Federal, tiene que agotar todas las acciones legales para defender al parque «Reforma Social» y no haya un atropello contra la sociedad que perdería una importante área verde en aras de beneficiar intereses inmobiliarios.
Es inaceptable que la justicia se siga aplicando contra la sociedad. No hay que permitirlo.
* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del consejo de CIMAC
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