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SCJN supeditó derechos de Lydia a cuestiones administrativas

Por María de la Luz Tesoro

En el caso de Lydia Cacho y del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el mensaje que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dan a la nación es muy grave y serio, porque aún cuando en su investigación encontraron violaciones graves a las garantías individuales y a los derechos humanos, concluyen que hasta que no cuenten con un reglamento interno no podrán proceder, declaró la jurista Patricia Olamendi, presidenta de Proyectos Mujer AC.

“Me parece patético y la peor salida que pudieran haber dado, ahora resulta que el cumplimiento a los derechos humanos y a las garantías está supeditado a cuestiones administrativas”; toda vez que el mensaje que están dando es de que “no hay respeto por los derechos humanos de las mujeres, aún cuando el máximo tribunal encontró violaciones” a los derechos humanos de Lydia Cacho.

En entrevista con Cimacnoticias, la especialista en temas de violencia aseguró que “no tiene lógica la investigación con respecto a la conclusión, y creo que ese es un pésimo mensaje a la nación, independientemente del gobernador o no gobernador”. Los ministros, abundó, tienen que solicitar una investigación a fondo y, si ya concluyeron un expediente, tiene que haber consecuencia.

Asimismo, la feminista calificó como “tontería, la explicación que dan los ministros en el sentido de que primero tienen que ver administrativamente sus tiempos, darle garantías al gobernador y a todo el mundo”, consideró absurdo que si se está concluyendo una investigación, que los propios ministros ordenaron, no haya por lo menos una recomendación al respecto de la investigación.

“Yo quiero centrarme en la actuación de quienes deben ser los responsables de vigilar nuestro sistema de garantías. Los magistrados concluyen que hay violaciones graves en las garantías, sin embargo también concluyen que, bueno, hasta que no tengamos reglamento interno no podemos proceder”, subrayó la especialista en temas de género y violencia, Patricia Olamendi.

EXPEDIENTE COMO PRUEBA

En tanto, el senador Pablo Gómez, como solicitante del juicio político al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, pidió a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados anexe como prueba el informe del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, para que proceda el juicio político, informó la legisladora Valentina Batres Guadarrama.

La integrante de la Subcomisión de Examen Previo, que presiden los diputados Diódoro Carrasco Altamirano (PAN) y César Camacho Quiroz (PRI), indicó que será el próximo 30 de julio cuando esta instancia legislativa tenga en sus manos la cobertura de datos que provee la investigación del magistrado y se realice el examen previo a la evaluación de procedencia de juicio a Mario Marín.

Explicó que en la reunión se votará la propuesta del senador Pablo Gómez, y se hará un análisis jurídico para ver si procede o no, pero “yo no veo que no proceda, toda vez que la investigación del ministro Silva Meza aporta los elementos suficientes para que se haga el juicio contra el gobernador de Puebla, por excederse en sus funciones y violentar los derechos humanos de Lydia Cacho”.

Por ende, adelantó que en agosto la Cámara de Diputados se estaría instalando como Jurado de Procedencia para instalar la Sección Instructora, misma que deberá estar integrada por cuatro miembros de la Comisión Jurisdiccional.

Valentina Batres Guadarrama externó que la Sección Instructora se convertirá en la parte acusadora y llevará el proceso de desafuero contra Mario Marín Torres, una vez que desahogue todas las pruebas y será el Senado de la República quien resuelva en definitiva.

En cuanto a la posición del panista Diódoro Carrasco, quien se pronunció por esperar a que el pleno de la SCJN resuelva sobre el caso Marín, la legisladora perredista expresó que “no tenemos por qué esperar lo que defina la Suprema Corte, ya que en su carácter de Poder Judicial está haciendo su trabajo independientemente. Nosotros no tenemos por qué depender de lo que decida la Corte”.

Batres reiteró que “el diputado Diódoro Carrasco insiste en que uno de los principios que marque nuestro trabajo sea la jurisprudencia de la Corte, pero somos dos poderes independientes, uno del otro y nuestro quehacer legislativo no tiene por qué depender de la decisión de la Corte”.

Para el grupo parlamentario del PRD, el informe del ministro Juan Silva Mesa da cuenta y pruebas suficientes para que proceda el juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, pero ello “no quiere decir que nuestra decisión esté sujeta a lo que resuelva el pleno de la Suprema Corte de Justicia”, concluyó la integrante de la Subcomisión de Examen Previo, Valentina Batres Guadarrama.

07/MLT/GG/CV

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