La Secretaría de Gobernación (SG), se contradice al informar sobre los «avances» del cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por el Caso González y otras, conocido como: «Campo Algodonero», afirmó la abogada Karla Michel Salas, representante legal de la familia de una de las víctimas.
Luego de que hoy la dependencia emitió un comunicado en el que afirma que continuará coordinando el cumplimiento de la sentencia, cuyo plazo de vencimiento de resolutivos, como el de la creación del Memorial, y la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, es el 10 de diciembre del presente año, la abogada aseguró que esto responde a los cambios que se realizan al interior de la SG.
«Trata de justificar un trabajo que en los hechos ha quedado claro que no se esta dando», dijo la abogada.
En entrevista telefónica, Michel Salas precisó que lo único que hace con estas declaraciones la SG, es contradecir informes que ella misma ha proporcionado.
Habla de una serie de acciones que está realizando y que «seguirá coordinando», cuando ante la Cámara de Diputados el 22 de junio de este año, sus funcionarias y funcionarios dieron fe de la falta de interés y coordinación del cumplimiento del ordenamiento internacional.
«Hace un listado de acciones, dejando fuera las disposiciones de aplicación inmediata, como la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette; el proceso penal para identificar, procesar y en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de sus asesinatos, así como de los responsables del hostigamiento a las familias de las víctimas, no las menciona».
La abogada, agregó que la SG tampoco habla de las investigaciones y sanciones a víctimas y sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades.
«En cambio, señala que el gobierno mexicano ha cumplido hasta el momento con 2 de las 14 disposiciones de la sentencia: la publicación de la sentencia y una página electrónica con la información de las mujeres desaparecidas de 1993 a la fecha, en Chihuahua».
Sin embargo, esto tampoco esta dado de la manera que lo establece la Corte, toda vez que hasta el momento ninguna instancia del gobierno de Chihuahua ha publicado la sentencia, y en el caso de la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, no cumple con los lineamientos establecidos por la CoIDH, afirmó la especialista en violencia de género.
De igual manera, nos informa que «a cuatro meses de que se venza el plazo de la realización del Memorial de las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, ya hicieron la desincorporación del terreno, tienen una propuesta arquitectónica y que tienen lista la convocatoria de consulta pública para la construcción».
La consulta la tienen que hacer con todas las organizaciones del estado, y ver cuáles son los nombres de las víctimas que se van a incluir, toda vez que deberán ser el de todas las víctimas de feminicidio desde 1993, es evidente que a cuatro meses es complicado que lo hagan, lo que deja clara la simulación del Estado para cumplir la sentencia.
A su vez, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, afirmaron que la información proporcionada por la SG pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de «Campo Algodonero».
Sobre la indemnización económica argumenta estar «gestionando», cuando la propia SG ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez, y por lo tanto no tienen la obligación de pagar.
«Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas, a pesar de que el gobierno de Chihuahua, ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo».
Las organizaciones enfatizan en que el boletín de prensa emitido por la SG, se «pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los hechos es parcial y deficiente».
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