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Se debe investigar brutalidad policial en Oaxaca: HRW

Por Redaccion

El gobernador de Oaxaca debe asegurar que se realice una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por policías durante un enfrentamiento con manifestantes en la ciudad de Oaxaca el pasado 16 de julio, señaló ayer Human Rights Watch, a través de un comunicado.

El lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la ciudad de Oaxaca, se produjo una violenta confrontación con la policía municipal y estatal. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes mientras que ambos grupos lanzaron piedras.

Dice Human Rights Watch que ha recibido informaciones creíbles de que la policía llevo a cabo detenciones arbitrarias, detuvo a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a detenidos.

“Si el gobernador Ulises Ruiz está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados,” dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El enfrentamiento ocurrió cerca del auditorio público donde se lleva a cabo la celebración cultural Guelaguetza. La APPO había anunciado su intención de tener una “Guelaguetza popular” como alternativa a la que organiza el gobierno del estado.

Al parecer, la policía golpeó brutalmente a algunos de los detenidos quienes requirieron hospitalización, dice HRW. Emeterio Merino Cruz, de 43 años, fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente por tener tierra en las manos, lo cual la policía atribuyó a que había lanzado piedras. Después de varias horas bajo custodia policial, Merino Cruz fue transferido a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Después de una semana, permanece hospitalizado en terapia intensiva.

Funcionarios de la entidad inicialmente informaron que hubo un total de 40 detenidos, de los cuales cuatro requirieron atención médica. La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en “uso excesivo de la fuerza” y aceptó que el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en estos excesos.

“Evidentemente las autoridades del estado de Oaxaca tienen el deber de investigar a cualquier manifestante que haya violado la ley durante los disturbios del 16 de julio,” dijo Vivanco. “No obstante, la policía estatal y otros funcionarios también tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los detenidos en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Mexicana.”

Human Rights Watch instó al gobernador Ulises Ruiz a garantizar que todo policía bajo investigación por presuntos crímenes sea suspendido inmediatamente del servicio. Con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, el organismo recomendó al Gobernador advertir a la fuerza pública que el trato abusivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia, y que los funcionarios que incurran en estas prácticas serán destituidos de sus cargos y estarán sujetos a investigaciones penales.

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