El Seguro Popular (SP), bandera que enarboló el gobierno foxista en materia de salud, pretendía que para 2010 todas y todos los mexicanos contaran con un sistema de salud que los proteja, sin embargo, estimaciones recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anticipan que esta meta no se alcanzará ya que hay un pequeño error de cálculo y previsión.
De acuerdo con este organismo, que recientemente realizó una auditoría a la Secretaría de Salud (SS), actualmente el SP enfrenta un déficit que podría llegar a 84 mil millones de pesos en el 2010, y en cuanto a la afiliación tampoco se logrará pues se calcula que alrededor de 2 millones de familias quedarán sin seguro al cabo de este tiempo.
Lo anterior, según un análisis de Assa Cristina Laurel, ex secretaria de Salud del gobierno capitalino, quien señala que la SS no incluyó en sus cálculos el crecimiento de la población entre 2004 y 2010 y estima que a partir de este año 2007 «el problema se agravará principalmente en los estados de la República que no podrán financiar más afiliados porque les cuesta dinero que no tienen».
Ello porque el SP que entró en vigor en enero de 2004, como resultado de una reforma aprobada en 2003 por el Congreso de la Unión a la Ley General de Salud –que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud cuyo brazo operativo es el Seguro Popular–, pretende que el financiamiento para las entidades federativas se rija por el número de familias afiliadas, por lo que será orientado por la demanda.
Por otro lado, para operar el SP a nivel federal se creó, como órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) que, entre otras cosas, instrumentaría la política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo del SP, así como la formalización de los acuerdos de coordinación en materia de protección social en salud con los gobiernos estatales y cumplir con la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Pero todos estos objetivos quedaron en buenos deseos, pues la ASF señaló entre sus resultados que la CNPSS omitió pagar a las entidades federativas 631.5 millones de pesos.
Dicho en palabras de Assa Cristina Laurell, «quitó arbitrariamente a los servicios estatales de salud dinero que debería haberse gastado en atención de las y los asegurados».
Para Daniela Díaz Echeverría, del Centro de Análisis e investigación, Fundar, el gobierno federal está trabajando más en estrategias y acciones de salud –carentes de mecanismos de obligación para que se desarrollen a nivel de las entidades federativas– que en programas específicos.
Para Díaz Echeverría, el SP debería tener dos mecanismos fundamentales: uno relacionado con las reglas de operación y otro con la visibilidad del presupuesto, pero a tres años de su funcionamiento, dijo, no existe ninguno de los dos, y tampoco vías de asignación del presupuesto.
Lo único que hemos tenido hasta ahora es una discrecionalidad en la utilización de los recursos porque no se sabe a ciencia cierta hacia dónde y cómo se canalizan, señaló.
Ante este panorama, se confirma que el sistema de salud mexicano atraviesa por una grave crisis de infraestructura, de recursos y de personal, como lo reconoció Felipe Calderón al presentar el Plan Nacional de Desarrollo en días pasados.
El gobierno federal tan sólo destina el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al tema, cuando a nivel latinoamericano países como Costa Rica y Chile destinan hasta 7 y 8 por ciento de su PIB en el mismo rubro.
Con 1.85 médicos disponibles en el sector salud (cuando el promedio internacional es de tres por cada mil habitantes), con un abasto de medicamentos en hospitales estatales de apenas el 60 por ciento (según las cifras oficiales) y un déficit de 84 mil millones de pesos, se pretende que al final de los siete años de afiliación al SP, se tenga un sistema de salud «mucho menos fragmentado» y acabar con los rezagos en materia de salud.
07/LGL/GG/CV
