Aunque para 2008 aumentó el presupuesto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (CNEGYSR), que incluye 7 programas de salud sexual y reproductiva para las mujeres, el organismo está cada vez más debilitado en su capacidad rectora para sostenerlos, mientras el Seguro Popular, que tiene más recursos, carece de programas.
En entrevista vía telefónica, Daniela Díaz, responsable del proyecto de muerte materna y del Seguro Popular del Centro de Análisis e Investigación, Fundar AC, explicó que si bien éste contempla salud sexual y reproductiva (planificación familiar, atención materno-infantil, VIH/SIDA) y, dentro de los gastos catastróficos, los cánceres reproductivos (de mama y cérvico uterino), son intervenciones a las que tienes derecho solo «si te afilias».
El Centro, en cambio, contiene programas específicos y su trabajo consiste en la difusión, prevención, sensibilización y fiscalización, es decir, «vigila» que los estados cumplan con las acciones que marcan estos programas.
Daniela Díaz señaló que, efectivamente, cuando una familia se afilia al Seguro Popular tiene derecho a una serie de intervenciones que cubre en el tema de salud sexual y reproductiva, incluso el aborto legal y causas de muerte materna, pero éstas son acciones, intervenciones, no programas como los que tiene el CNEGYSR.
Sin embargo, la capacidad de rectoría de dicho Centro se ha debilitado, porque no hay un mecanismo real que obligue a las entidades federativas a llevar a cabo sus programas, aunque sean estratégicos y existan las Normas Oficiales Mexicanas que, per sé, implican una obligación, pero «no hay sanción».
«Con la puesta en marcha del SP se separaron los programas de los recursos financieros», advierte.
Lo «ideal», enfatiza Díaz Echevarría, es que cambiara el esquema del SP y deje de ser «un listado de eventos» y se vincularán estos recursos financieros con los programas de salud sexual y reproductiva y que existiera una obligación de ejecución de éstos y de rendición de cuentas.
Para la especialista en el tema, el SP se ha convertido en una especie de «termómetro del quehacer político» que mide lo que se hace en relación al número de familias afiliadas, pero no contempla sus condiciones de vida en salud y menos como sujetos de derecho.
Aún más, observó que el SP es una gran bolsa que aglutina numerosos recursos que se distribuyen de acuerdo al número de afiliados que logre cada entidad federativa, por lo que su distribución se da de manera desigual, porque cada estado tiene condiciones en materia de salud diversas, muchos están en verdadero rezago.
Por lo tanto, señaló, el que se destine más recursos a un estado que a otro no implica que esto traerá consigo mejoras en los servicios de salud.
Daniela Díaz consideró que el tema es muy importante porque la visión del SP es muy mercantil, no hay otras formas de control, ni de rendición de cuentas, ni temas sociales, ni visión de derechos y aunque exista una voluntad de Patricia Uribe, directora del CNEGYSR, «la estructura no le permite actuar».
En tanto, para Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM) el SP no sólo implica mayor presupuesto sino más mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero en este aspecto, no se han visto grandes avances.
Enfatizó que la Coalición por la Salud de las Mujeres, de la que forman parte varias organizaciones civiles, realizó una serie de actividades con las comisiones de Equidad y Género, Cuenta Pública y Presupuesto, de Salud y Seguridad Social, en el sentido de hacer del ejercicio presupuestal anual un acto más democrático e incluyente donde la participación de la sociedad civil sea importante y se avance hacia la construcción de presupuestos públicos más democráticos.
PRESUPUESTO
En 2007 el CNEGYSR operó con 347 millones 670 mil 413 pesos. Para este año, se le asignaron, según la propuesta definitiva del presupuesto etiquetado para mujeres, 467. 7 millones de pesos.
Mientras que para el SP, según anunció el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos en días pasados, hubo un incremento de 11 mil millones de pesos: de 26 mil mdp en 2007, pasó a 37 mil mdp para 2008.
07/LGL/GG
