En junio de 2004, María, una joven sordomuda de 19 años fue violada por su tío, resultando de esta agresión un embarazo no deseado.
Tras casi un mes de engorrosos trámites legales, fue internada en el Hospital Civil «Dr. Aurelio Valdivieso» el 1 de septiembre, pues en esa fecha se dictó un auto señalando que la decisión de María de interrumpir su embarazo debía hacerse efectiva.
María permaneció 41 horas sin que se le practicara la interrupción, pues por «órdenes superiores» el procedimiento médico había sido suspendido. El 3 de septiembre su madre pidió el alta voluntaria bajo protesta para realizarlo fuera de las instituciones públicas de salud.
Este caso evidenció la carencia de un procedimiento claro y preciso para hacer accesible la interrupción legal del embarazo por violación (ILE).
Por ello el 28 de septiembre de 2004 el Colectivo Huaxyacac propuso una iniciativa de ley para reformar y adicionar los artículos 60, 61 y 62 del Código de Procedimientos Penales de Oaxaca, en la cual solicitaba la práctica del aborto no punible en los hospitales de asistencia pública.
Se pidió, además, la expedición por parte del Ministerio Público de la autorización para interrumpir el embarazo conforme a la ley, en un plazo no mayor de 24 horas a partir de que la mujer o su representante legal lo solicitaran.
Para la expedición de dicha autorización se postulaban los siguientes requisitos:
Una denuncia por el delito de violación: que la mujer declarara un embarazo y éste se comprobara en cualquier institución pública o privada de salud
La existencia de elementos que le permitieran al Ministerio Público suponer que el embarazo era producto de una violación.
Que hubiera la solicitud escrita o por comparecencia espontánea de la mujer embarazada o de su representante legal.
Dicha reforma no se aprobó. El 17 de mayo de 2007, los y las diputadas del Partido de la Revolución Democrática de la 59 Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca propusieron una nueva iniciativa de reforma al artículo 316 bis del Código Penal en la cual se reconocía la ausencia de lineamientos claros para la ILE y se solicitaba que se practicaran estudios de laboratorio para embarazo, infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH/Sida, y de ser necesario, se les proporcionara anticoncepción de emergencia, profilaxis preventiva y se aplicaran las vacunas correspondientes a las mujeres que señalaran haber sufrido esta agresión.
Se ratificaba que en 24 horas el Ministerio Público debía ordenar la interrupción del embarazo, se solicitó que la misma se realizara en un término de tres días contados a partir de que fuera presentada la autorización, y se manifestó la necesidad de personal no objetor de conciencia en la Secretaría de Salud.
Esta reforma quedó en el olvido. El 16 de octubre de 2008 el Partido Social Demócrata (PSD), basándose en la reforma presentada y aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso al Congreso oaxaqueño una iniciativa más en la que solicitaba la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Por tercera vez, una reforma sobre ILE en Oaxaca no era atendida.
Con fecha de 18 de febrero de 2010, previas reuniones de trabajo que sostuvo con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud de Oaxaca, la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Stela Fraginals, presentó ante la 60 Legislatura del estado una iniciativa firmada por el gobernador Ulises Ruiz, para reformar los artículos 60, 61 fracción V, y 62 bis del Código de Procedimientos Penales.
Así como también la adición a los artículos 255 bis y 127 fracción VII del Código Procesal Penal para establecer procedimientos en el caso de aborto por violación.
Dicha iniciativa sostuvo que el Ministerio Público debía autorizar en un plazo no mayor de 72 horas la solicitud de interrupción del embarazo a la Secretaría de Salud del estado, misma que debería contar con personal no objetor de conciencia de manera que quien solicitara un aborto legal tuviera garantizado este servicio cuando:
Hubiera una denuncia por el delito de violación; la mujer declarara estar embarazada y esto se comprobara por los Servicios de Salud; existieran elementos que le permitieran al Ministerio Público acreditar que el embarazo era producto de una violación; se realizara una solicitud escrita o por comparecencia de la mujer embarazada o de sus representantes legítimos o legales cuando la víctima fuera menor de edad.
En teoría esta reforma, avalada por el entonces gobernador, sería aprobada el 14 de mayo. Esto no sucedió.
Por ello, el 3 de junio de 2010, 30 organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para expresar su rechazo a la actuación de esta fracción parlamentaria, ya que siendo mayoría, no aprobó dicha iniciativa.
Además, en el caso de la reforma al artículo 12 constitucional que «garantiza la vida desde el momento de la concepción» todos los y las diputadas priistas presentes en el Congreso votaron a favor de la misma, con lo cual violentaron los derechos de las mujeres oaxaqueñas a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Esta manifestación se hizo a la par de una acción de protesta frente a la sede de la representación del gobierno de Oaxaca en el DF por parte de integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, quienes manifestaron su repudio ante la carencia de compromiso por parte del gobierno priista en la entidad respecto al tema.
Como resultado de dichos eventos, integrantes del PRI aseguraron que aprobarían la iniciativa el día 10 de junio. No cumplieron. Por ello, el día 16 de ese mes en un desplegado de prensa más de 300 organizaciones y ciudadanas a nivel estatal, nacional e internacional señalaron el proceder faccioso y violatorio del Estado laico del PRI y su poca intención de legislar y gobernar por el bien de las oaxaqueñas.
Después de seis años y de cuatro propuestas de reforma a favor de la ILE, el 12 de agosto de 2010, por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo producto de una violación, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 9 de septiembre de 2010.
Este paso trascendental, de hacer accesible el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en caso de Violación reconocido desde 1920 en México, se hace efectivo en Oaxaca, gracias a la participación activa del movimiento feminista y de las mujeres en el estado, desde donde afirmamos que no cesaremos en el afán de construir para todas una sociedad más justa, plural y respetuosa en donde cada una pueda ejercer su derecho a decidir sobre su proyecto de vida y su cuerpo.
*Artículo retomado de la revista La Savia.
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