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Senado dará curso auditoría ciudadana en caso Provida

Por Miriam Ruiz

El Senado de la República analizará las consecuencias administrativas y penales sobre el irregular origen y destino de los 30 millones de pesos asignados por el ex presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, el panista Luis Pazos, a la organización Provida.

Ernesto Gil Elorduy, vicepresidente de la Comisión Permanente informó lo anterior luego de recibir de manos de Daphne Cuevas -a nombre de 520 organizaciones civiles mexicanas-, la auditoría ciudadana que documenta una serie de irregularidades en el proceso de asignación de recursos a la organización ultraconservadora para abrir 10 Centros de Atención a la Mujer (CAM).

El legislador hidalguense anunció que la mesa directiva del Senado de la República dará curso a la demanda ciudadana por la transparencia y rendición de cuentas, al tener en sus manos el expediente fruto del análisis elaborado por las ONG durante año y medio con información del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Daphne Cuevas, responsable de seguimiento legislativo del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, dijo que a la fecha no existe un documento que pruebe que los recursos asignados a Provida fueron acordados por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, sobre todo cuando se ha comprobado que el desvío realizado por Luis Pazos afectó los trabajos en apoyo a personas con VIH/Sida.

La auditoría ciudadana documentada en seis mil hojas, revela que los 30 millones de pesos entregados a Provida a través de la Secretaría de Salud, fueron utilizados para contratar los servicios de un salón de fiestas denominado El Castillo de Branstock y para realizar compras a la importadora Imporvar, de equipo médico por valor de 11 millones 520 mil 447 pesos, entre otras anomalías.

La investigación de las ONG descubre además que Provida donó de los recursos federales, 600 mil pesos a la Asociación Nacional de Rehabilitación Integral A.C. (Anderi).

En la rueda de prensa en las oficinas del Senado ubicadas en la Torre del Caballito, Guillermo Noriega, representante de la organización Fundar, hizo eco a la demanda de las organizaciones sociales para que la Comisión Permanente tome cartas en el asunto, “dado que estos 30 millones fueron desviados desde la Cámara baja”, de manera eficaz.

Por su parte, Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), comentó que la ciudadanía demanda se reintegren esos recursos a los programas de lucha contra el VIH/Sida y solicitó al secretario de Salud, Julio Frenk, aclarar públicamente su participación en programas que contravienen las políticas nacionales de salud y que afectan principalmente a las mujeres, como los implementados por Provida.

2004/MR/GV/SM

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