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Senado llama a atender violencia política contra mujeres en el poder

Por la Redacción
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La Comisión para la Igualdad de Género del Senado exhortó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales de los estados a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres.
 
En un dictamen que aprobó la Comisión también se llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a tomar acciones para sancionar a quienes violentan, agreden o intimidan a las mujeres que son candidatas o ejercen cargos públicos.
 
Las legisladoras pidieron a las instituciones locales que tomen como modelo el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres y la FEPADE.
 
De acuerdo con las integrantes de la Comisión, que preside la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, si bien existen disposiciones básicas destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan insuficientes en casos de violencia contra mujeres que se desempeñan como funcionarias.
 
La violencia política, indicaron las legisladoras en el documento, impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular o en el ejercicio del cargo público.
 
El Protocolo define este tipo de violencia como todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
Durante las últimas semanas han salido a la luz casos que podrían entrar en esta definición. 
 
Por ejemplo, el 23 de noviembre el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, espetó a la diputada y académica especializada en pobreza, Araceli Damián González que “no estudié psiquiatría para entenderla”. Esa fue su repuesta cuando ella lo cuestionó sobre las cifras de pobreza que presentó durante una comparecencia en San Lázaro.
 
En Veracruz, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, denunció que el pasado 30 de noviembre desconocidos violaron las cerraduras de su casa, mientras que su correligionaria Eva Felicitas Cadena reveló que en su teléfono celular recibió mensajes amenazantes con nombres de personas, algunas que supuestamente serían asesinadas.
 
El 28 de noviembre la presidenta municipal por Acción Nacional en Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, indicó que fue víctima de violencia política por parte de su partido y es que síndicos, regidores y diputados de ese organismo la amagaron con someterla a juicio político por supuestas irregularidades.
 
Otras intimidaciones se denunciaron durante los procesos electorales de este año. La entonces candidata a la gubernatura de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, denunció que el 9 de abril fue encañonada por policías municipales mientras viajaba en su auto cuando hacía campaña.
 
En estas elecciones también se dieron casos como las destituciones de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas.
 
16/AGM/AMS/LGL

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