Aun cuando es tarde para tipificar la violencia política de género para que aplique en el proceso electoral de 2018, es indispensable que la Cámara de Diputados dictamine la minuta enviada por el Senado a fin de contar con la normativa a la brevedad posible, afirmó la senadora Sandra Luz García Guajardo.
En una excitativa enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió que se apruebe la minuta sobre violencia política en razón de género para proteger y garantizar la integridad de las mujeres, propuesta que fue avalada por el Senado en marzo pasado.
En el documento enviado a San Lázaro, la senadora por Tamaulipas recordó que en abril, al finalizar el anterior periodo ordinario de sesiones, uno de los temas que no fue votado por el pleno de la Cámara baja fue la inclusión del concepto de violencia política en razón de género en cinco leyes en materia electoral.
La Constitución federal señala en el Artículo 105 que no se pueden realizar modificaciones sustanciales a las leyes que rigen las elecciones en un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral, por lo que en las elecciones próximas, las mujeres no contarán con la garantía plena de sus derechos político-electorales, señaló la legisladora.
La senadora también enfatizó que hubo falta de interés por aprobar este tema: “realizamos un trabajo que ha carecido de voluntad política por parte de nuestra colegisladora para contar con los elementos necesarios a fin de que no haya más mujeres limitadas en sus aspiraciones y en el ejercicio de sus derechos político electorales”.
También señaló que la inclusión de la violencia política de género en la ley busca evitar más casos de mujeres políticas que sean registradas como candidatas en distritos perdedores; inequidad en la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión y la distribución de recursos para las campañas o que se les incluya al final de las listas de representación proporcional de los partidos.
También pretenden evitar sustituciones arbitrarias en precandidaturas y candidaturas; presiones para ceder o no reclamar una candidatura o cargo ganado, para pedir licencia y favorecer a los suplentes varones y no regresar al cargo; agresiones durante campañas; mayor exigencia que a los hombres; o intimidación, amenazas, exclusión, entre otras formas de violencia.
17/AGM/LGL
