Sentencia contra Gladys Lanza, estrategia para criminalizar

En Honduras, un país en donde cada 13 horas una mujer es asesinada, el gobierno desarrolla una estrategia para criminalizar a quienes defienden los derechos de las mujeres, lo que se evidencia con la reciente sentencia contra la líder feminista Gladys Lanza.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y Suyapa Martínez, dirigente del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), consideraron que el proceso judicial contra Lanza –pionera del movimiento feminista en la nación centroamericana– no es un hecho aislado, y forma parte de una estrategia gubernamental para acallar a las defensoras de Derechos Humanos (DH).
 
El pasado 28 de enero la Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable del delito de “difamación” a Gladys Lanza, al resolver la querella que interpuso en su contra Juan Carlos Reyes, ex director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (Fundevi).
 
La acusación derivó del apoyo que la organización Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” (encabezado por Lanza) brindó a Lesbia Pacheco, quien fue despedida tras sufrir años de acoso por parte de Reyes.
 
Suyapa Martínez, también coordinadora del Colectivo Mujeres contra la Violencia, dijo que con la sentencia contra Gladys Lanza se busca sentar un precedente para quienes defienden los derechos femeninos, pues lo que se está criminalizando es el derecho de las defensoras a realizar plantones y a dar declaraciones públicas expresando quiénes son los agresores.
 
Es de mencionar que durante la defensa que la organización hizo de Lesbia, se realizó un plantón frente a las instalaciones de Fundevi, principal acción en la que se basó la demanda de Reyes contra Lanza.
 
Martínez recordó que no es el primer intento que se da por acallar las voces de las defensoras, pero dijo que es la primera acción directa que busca detener la protesta social.
 
“Nosotras utilizamos este tipo de estrategias en un país donde la justicia no existe, porque cuando los casos (de violencia contra las mujeres) llegan al tribunal hay una reacción del patriarcado para condenar a las mujeres en lugar de a los agresores”, explicó la activista.
 
Para Suyapa Martínez, la criminalización de las defensoras es una de las múltiples formas en las que se busca detener la defensa de los DH, y explicó que en 2014 se intentó retirar la personalidad jurídica al CEM-H.
 
“Nos quieren negar el derecho a alzar la voz y a utilizar las estrategias que siempre hemos utilizado, pero no lo van a lograr; vamos a seguir protegiendo y acompañando a las mujeres porque no las podemos dejar en el estado de indefensión en el que las pretende dejar el sistema hondureño”, recalcó.
 
Enfatizó que lo único que se logró es que el movimiento de mujeres se articule para continuar su labor en un país donde cada 13 horas es asesinada una hondureña, y donde al año se denuncian mil casos de violación sexual.
 
Por separado, Gilda Rivera señaló que la sentencia contra Gladys Lanza forma parte de la “estrategia de un régimen que está gobernado Honduras para criminalizar y judicializar la lucha social”.
 
Sostuvo que esto ha afectado más a las mujeres porque son ellas las que están al frente de muchos movimientos sociales, y recordó otros casos de criminalización judicial como el de las defensoras de la tierra, Magdalena Morales y Berta Cáceres.  
 
La defensora señaló que si bien el ataque contra las activistas no es nuevo, actualmente ellas deben de enfrentar “a un gobierno  conservador que no acepta la oposición o la disidencia y que tiene muchos rasgos de dictadura”.
 
“No nos vamos a detener, tenemos convicción en lo que estamos haciendo y mantenemos la esperanza de que este país se puede cambiar y de que un mundo mejor es posible”, advirtió.
 
Ambas defensoras coincidieron en que el movimiento feminista continuará apoyando a Gladys Lanza, y exigiendo que cese la criminalización de la que es víctima. Anunciaron que agotarán todos los recursos legales para revertir el proceso. Por ello, en días recientes solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la revisión de la sentencia.
 
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