Aunque el costo de instalar en la red hospitalaria principal de la Secretaría de Salud los servicios a que obliga la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es comparativamente similar al gasto ejercido en este año por el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los beneficios del primero son más importantes.
En primer lugar, los beneficiarios directos e indirectos del servicio básico de atención a la violencia serían más del doble ya que en total se beneficiaría a 71 mil 808 mujeres víctimas directas anuales de la violencia, contra 30 mil madres beneficiadas por el programa de Estancias.
En tanto los beneficiarios indirectos del servicio se multiplicarían 4.6 veces ya que serían aproximadamente 150 mil 798 personas, contra 32 mil 400 del programa de la Sedesol.
En términos de beneficios directos a la economía de los hogares, la habilitación del servicio de atención a la violencia en la red hospitalaria principal de la Secretaría de Salud representa también un apoyo mayor que el programa de Estancias de la Sedesol.
Por una parte, las víctimas de la violencia y los hogares de donde provienen podrían ahorrarse tratamientos médicos particulares requeridos por las mujeres violentadas, que como se señaló líneas adelante implican un costo directo de 12 millones de pesos anuales, sin contar los días de trabajo afectados por la violencia que suman 3 millones 159 mil 917 pesos.
En este sentido el impacto benéfico para los hogares del sistema de servicios básicos de atención a la violencia representaría en conjunto 15 millones 159 mil 917 pesos.
Ahora bien, el impacto presupuestal de este primer arranque del Sistema no es inabordable, ya que los 1 mil 332 millones de pesos que requiere la instalación del servicio básico en la red principal de hospitales de la Secretaría de Salud, implicaría incrementar de 3 mil 482 a 4 mil 830 millones el presupuesto etiquetado para atender a las mujeres o para la equidad de género.
Lo que significa un incremento de 38 por ciento a un presupuesto etiquetado de 2007, que representa menos de medio punto porcentual del gasto corriente del Gobierno federal.
Este cálculo no incluye los costos de los servicios del sistema de justicia, ni los de seguridad pública, para los cuales se carece hasta el momento de una estimación de costos.
Tampoco incluye los costos del servicio en el resto de las instituciones de sector salud como son el ISSSTE y el IMSS, que de acuerdo a la Ley citada son parte del Sistema Nacional de Servicios de Atención y Prevención de la violencia. Por lo cual requerirían efectuarse estudios específicos para tener una estimación del costo de estos servicios en las instituciones respectivas.
METAS Y REGLAS DE OPERACIÓN
Tomando en cuenta que la instalación de este Sistema requiere desarrollar protocolos de atención para cada tipo de servicio, además de sensibilizar y capacitar a los diversos agentes y habilitar y adecuar a las diversas instalaciones concernidas, es preferible plantearse metas por etapas que se vayan consolidando en un plazo de 2 ó 3 años.
Así como desarrollar reglas de operación para el seguimiento, evaluación y transparencia de estos recursos; hacer las asignaciones y etiquetar los recursos correspondientes en los fondos federales que se asignan a las entidades federativas y los municipios.
Lo que está fuera de duda son los beneficios de este servicio y la obligación que tiene el Estado mexicano para destinar estos recursos a la población que representa entre 35 y 50 por ciento de la fuerza laborable de este país que contribuye económicamente en el 50 por ciento de los hogares.
Esto es lo que deberían asegurar las legisladoras en el primer periodo de sesiones que inició el 1º, de septiembre.
* La autora es licenciada en Sociología por la UNAM y Doctorada en Ciencias Sociales por la FLACSO, especialista en política social y temas de género. Es profesora e investigadora de tiempo completo la UACM; profesora de asignatura en la Maestría en Género de El Colegio de México y del Diplomado en Género y Políticas Públicas de la FLACSO. Hasta el 1º de julio se desempeño como Directora General del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
07/TI/GG
