Pese a que Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) adelantó el viernes pasado, que las cerca de 4 mil trabajadoras y 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) gozarían de seguridad social durante los siguientes 12 meses, la Secretaría de Gobernación (SG) anunció hoy de manera oficial, que los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán un costo anual.
Manuel Fuentes Muñiz, abogado del SME, declaró a Cimacnoticias que las y los trabajadores del LyFC no deben pagar esta prestación, pues, con ello, el IMSS estaría desconociendo los años de cotización de las y los miles electricistas, no obstante, el acceso al IMSS será bajo el esquema de Seguro de Salud para la Familia y el gremio debe pagar su cuota anual.
Por su parte, la SG llamó a Esparza Flores a establecer una mesa de negociación con el fin de discutir sobre el tema. Hasta el cierre de esta edición, las y los integrantes del SME dialogaban sobre el tema en Asamblea General.
A la disposición de Gobernación, se sumó la desfavorable determinación de la jueza federal Guillermina Coutiño Mata sobre la seguridad social.
Coutiño Mata desechó el amparo interpuesto por 23 mil 800 electricistas activos, de los que alrededor de 10 por ciento son mujeres, en contra de la notificación del IMSS que priva del derecho a la seguridad social a las y los trabajadores que rechacen su liquidación.
Esto representa un acto «contradictorio y violatorio a los derechos laborales» del gremio, comentó Manuel Fuentes Muñiz, abogado del SME, quien añadió que frente a esta situación las y los electricistas amparados pueden interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Distrito para que la decisión de la jueza sea revocada.
El especialista en justicia laboral refirió que éste es un asunto «delicado», debido a que el pasado 6 de noviembre, Coutiño Mata otorgó a las y los afiliados al SME, la «suspensión del acto reclamado», es decir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), emitido por Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, el 11 de octubre pasado.
«Es contradictorio que por una parte concede la suspensión, con lo que continúa la relación laboral, y ahora desconozca su derecho a la seguridad social. Mientras exista la relación laboral se mantienen sus derechos», aseveró Fuentes Muñiz.
Con ello, Guillermina Coutiño, titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región transgrede el Artículo 109 de la Ley del IMSS, así como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales garantizan a las y los trabajadores el acceso a la seguridad social.
Al mismo tiempo, precisó el abogado laboral, la decisión de la jueza viola los derechos humanos de las y los trabajadores de LyFC, al poner en riesgo su salud, pues tras el decreto presidencial, 80 electricistas embarazadas dejaron de recibir atención médica, junto con 200 trabajadoras y trabajadores que padecen cáncer, 859 con diabetes, 2 mil 135 que sufren hipertensión y 150 pacientes que reciben diálisis.
Cabe recordar, que el SME impugnó el oficio 952 1761 2000/000739, emitido por el IMSS, en el que puntualizaba que sólo para las y los trabajadores de LyFC, que cobraron su liquidación, se extenderían las prestaciones sociales, como servicio médico gratuito y guarderías, durante un año. Y aclaraba que quienes se ampararan sólo gozarían de las ocho semanas posteriores al despido.
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