Sí hubo actividad sexual violenta en contra de la señora indígena de la comunidad de Tetlacinga en Soledad Atzompa, informó la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJEV) al presentar un avance detallado sobre sus investigaciones, durante la reunión privada de más de tres horas, sostenida entre el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, autoridades judiciales estatales, autoridades municipales de Soledad Atzompa y la comisión plural de diputados del Congreso de la Unión, así como legisladores locales.
Además, aseguró que la CNDH no puede emitir un dictamen final cuando sus peritos no tomaron muestras para hacer las investigaciones clínicas correspondientes y por ello solicitaron el muestreo clínico a la PGJE de Veracruz.
De acuerdo al titular de esta dependencia, Emeterio López Márquez, y con base en los estudios realizados por los peritos de la dependencia, sí hubo violación a la indígena náhuatl victimada a fines de febrero presuntamente por militares destacamentados en Soledad Atzompa.
Así mismo, tanto autoridades estatales como legisladores locales y federales ahí presentes, cuestionaron la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que afirma que la muerte de la anciana obedece a causas naturales por una gastritis no atendida, cuando no practicó los estudios clínicos al cadáver por carecer de muestras.
Durante la reunión, en la que se respondieron detalladamente todas las dudas de los legisladores, se dio a conocer que la CNDH no tomó muestras para realizar sus estudios clínicos por lo que solicitaron el pasado 10 de abril el muestreo realizado por especialistas de la PGJE para continuar con sus indagatorias.
En respuesta a la petición el día 12 de abril, le fueron enviados a la CNDH los hisopos con el líquido seminal extraído del cuerpo de la mujer, así como cortes de piel tanto de la entrada vaginal como anal en donde se muestra las lesiones producto de una penetración violenta.
El procurador de Justicia del Estado y la encargada de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, dependiente de la PGJE, reiteraron que están plenamente demostrados daños visibles anales y vaginales por la agresión sexual violenta.
RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
Así mismo el Fiscal Especial para el caso, Juan Alatriste, dio a conocer que en las próximas horas se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos ocurridos desde la tarde del 25 de febrero hasta la mañana del 26 de febrero.
En la reunión se dio a conocer que lamentablemente ahora el subsecretario de Gobernación, Abraham Kuno González, ha vertido comentarios sobre el hecho de que no hay señalamientos de la familia en contra de los militares, y que tampoco la señora náhuatl en su lecho de muerte señaló a los soldados como los responsables de la agresión.
Ante ello el líder natural de la sierra de Zongolica y director de Obras Públicas de Soledad Atzompa, Julio Atenco Vidal, respondió tajante que la familia sostiene su versión por las palabras emitidas por «la hermana mayor» horas antes de morir, «los hombres de verde se me echaron encima» decía una y otra vez la señora en su lengua materna a hijos, primos y sobrinos, así como a médicos que la atendieron, señalando directamente a los soldados, a quienes se les conoce como «los hombres de verde», explicó Atenco Vidal.
COMPARECENCIAS
Atenco Vidal comentó que la familia, autoridades y una comisión comunitaria analizan la posibilidad de asistir a la sesión del Congreso en la que comparecerá José Luis Soberanes en días próximos.
Por su parte, la comisión legislativa, integrada por los y las diputadas Omeheira López Reyna, Valentina Batres, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, María Dolores González Sánchez, Alehid Mariana Bautista Bravo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Elvia Soriano Sánchez., Jair Arturo Flores Grande y Pedro Montalvo Gómez continúan recopilando información para poder contar con las pruebas necesarias que comprueben las anomalías en que incurrió el titular de la CNDH y con las que lo puedan cuestionar.
Así mismo, los legisladores exigirán la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y no se descarta solicitar la presencia de Felipe Calderón, quien se adelantó a dar un dictamen del caso cuando no había los elementos comprobatorios correspondientes, asumiendo con ello atribuciones de competencia exclusiva del Ministerio Público, explicó la diputada perredista Valentina Batres.
SOBERANES, EL 25 DE ABRIL
En la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Equidad y Género, Justicia y de Derechos Humanos aprobaron citar al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para el próximo 25 de abril, informa nuestra reportera María de la Luz Tesoro.
En dicha comparecencia deberá explicar lo relativo a la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de Zongolica, Veracruz.
Es fundamental que Soberanes Fernández informe sobre las investigaciones realizadas en el caso debido a que se presume la intervención en el fallecimiento de Ascencio Rosario de miembros del Ejército mexicano, informaron las y los legisladores.
El formato de la comparecencia será a propuesta de los presidentes de dichas comisiones: diputada del PRD Maricela Contreras Julián, de Equidad y Género; César Camacho Quiroz, diputado del PRI, de la Comisión de Justicia, y Omeheira López Reyna, de Derechos Humanos.
En entrevista con Cimacnoticias, la diputada Maricela Contreras reiteró que la comparecencia se tiene planeada para el día 25 y no para el día jueves, como habría declarado el propio Soberanes. «No sabemos de dónde sacó la fecha Soberanes Fernández, por que nosotros no habíamos reconvenido nada», expresó.
Las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos y Equidad y Género «apenas se reunieron esta mañana y designaron la fecha, el próximo 25 de abril, así como el formato.»
Comentó que una de las propuestas planteada por las comisiones precisa la intervención inicial de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, seguida por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por una ronda de intervenciones de los diversos grupos parlamentarios.
FIRMAS PARA ERNESTINA
Paralelamente, organizaciones civiles (OSC) y personas dirigirán el próximo día 20 una carta a diversas autoridades federales y de Veracruz para mostrar su «indignación, preocupación y rechazo a la actuación del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyas declaraciones confusas y a todas luces insuficientes respecto al asesinato y violación de la que fue objeto la señora Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, por militares mexicanos, muestran serias deficiencias en la impartición de justicia y ausencia de un verdadero Estado de Derecho».
Las OSC, entre las que se encuentran la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Red de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de México, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres y Academia Mexicana de Derechos Humanos AC, apoyan la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de llamar a comparecer a José Luis Soberanes «con el propósito de que exponga su posición sobre al caso».
Asimismo, instan «a atender a la familia con particular consideración. Es también motivo de preocupación que la Secretaría de Gobernación, según notas de prensa, pretenda acallar o invalidar a la CNDH, cuando no tiene ninguna atribución ante este órgano del Estado, ni debe, ni puede legalmente interferir en su funcionamiento».
Asimismo, mencionan «que el Congreso tampoco puede ignorar ni dejar impunes los numerosos casos de violaciones a mujeres indígenas llevadas a cabo por militares, como han dado a conocer tanto ONG e instituciones estatales, nacionales y regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e internacionales, como Amnistía internacional (AI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMC) e incluso, la propia Organización de Naciones Unidas (ONU).
«En el año 2004, solamente en el estado de Guerrero, AI informa de numerosas anomalías en instituciones encargadas de justicia y de la CNDH, en los casos de seis mujeres indígenas violadas por soldados en los últimos diez años.
«El Congreso tampoco puede ignorar las graves deficiencias que presentan las investigaciones realizadas por los fiscales del Ejército Nacional: el sistema de justicia militar ha sido señalado como inadecuado para indagar las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, a causa de su evidente parcialidad y falta de independencia.
«La Comisión Especial que sea creada para este fin por el Congreso, debe considerar de manera urgente el problema que plantea a las comunidades indígenas la fuerte presencia en sus asentamientos del Ejército Mexicano, así como los numerosos obstáculos que disuaden a las mujeres indígenas para presentar denuncias de violación u otras formas de violencia sexual, que por esta causa padecen.
«Por último, concluye la misiva, el Congreso debe considerar las recomendaciones que ha realizado la ONU, mediante sus mecanismos temáticos de derechos humanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han pedido reiteradamente se restrinja la jurisdicción militar, con el fin de garantizar una estricta separación entre las responsabilidades cívicas y las actividades específicamente militares».
07/LC y LMT/GG
