El gobierno mexicano continúa evadiendo su responsabilidad para coordinar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que condenó al Estado mexicano por homicidios por razones de género (feminicidio), denunció la abogada Andrea Medina Rosas.
En entrevista telefónica, la feminista del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), dijo que a cinco meses de que la Corte emitió la sentencia, los avances son inciertos, toda vez que no se ha informado de manera puntual, sobre las acciones que realiza el Gobierno mexicano para dar cumplimiento a todas las disposiciones.
En su opinión, el gobierno está haciendo una «descoordinación estratégica» entre sus instituciones, pasándose la responsabilidad unas a otras.
Si bien la sentencia de la CoIDH, establece «plazos razonables» para el cumplimiento de la mayoría de sus disposiciones, también contiene acciones de aplicación inmediata, como que el Estado deberá brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma «inmediata, adecuada y efectiva» a las y los familiares de las víctimas.
Medina Rosas, precisó que a esta disposición (de aplicación inmediata), no se le ha dado cumplimiento. «No se ha dado y si se ha dado en algún momento para alguien, no ha sido de la manera que lo establece la CoIDH».
Las organizaciones de la sociedad civil que están dando seguimiento a la sentencia, entre las que se encuentra Cladem y la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez — una red integrada por 13 organizaciones–, consideran que otra disposición que podría ser de inmediata aplicación es la que se refiere al proceso penal.
Con ella, se mandata identificar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes Gonzáles, Herrera y Ramos, del caso conocido como «Campo Algodonero».
Medina Rosas, refirió otro de los mandatos de la sentencia que establece «plazos razonables», consiste en la puesta en línea de la página electrónica con información de mujeres desaparecidas desde 1993 en el estado de Chihuahua, la cual deberá ser alimentada con datos verídicos, darle seguimiento, y actualizarla permanentemente.
Las organizaciones de mujeres consideran que un «plazo razonable» para darle cumplimiento a esta disposición es de seis meses, por lo que en su opinión, a más tardar, el 10 de junio de este año deberá estar en línea la página Web.
Andrea Medina Rosas, precisó Cladem, dará seguimiento a la implementación por parte del Estado mexicano de la sentencia, y estarán monitoreando estas medidas, «a lo que se suma el trabajo de difundir el veredicto de la Corte».
La especialista en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, agregó que el Estado debe informar de manera formal a través de las instituciones, y crear los mecanismos para el cumplimiento de lo que establece la CoIDH y no sólo «realizar reuniones bilaterales que no resuelven nada».
Lamentó que el Estado no esté tomando esta oportunidad de darle cumplimiento a la sentencia para contribuir a la erradicación del feminicidio en el país.
Respecto a los acuerdos de la VI Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-ALC), que se realizó esta semana en Madrid, Medina Rosas señaló que no hay que demeritar la condena de la violencia de género por parte de los mandatarios de los 60 países, ya que esta es la primera vez que sucede un hecho de esta índole.
Y aunque «no es la referencia a la sentencia de Campo Algodonero»; sí es la primera vez que se incluye la violencia de género en una declaratoria de este tipo y de ahí podemos retomar varias cuestiones para el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, sostuvo la abogada.
Llevamos años esperando y trabajando para que se incluyera el tema en esta Cumbre y el hecho de que no sucediera, no detiene el proceso, desde el Parlamento Europeo se seguirá trabajando para erradicar el feminicidio y para hacer visible lo que México no quiere que se vea, concluyó Medina Rosas.
10/GTR/LR
