Al dar a conocer su postura oficial sobre la Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, las organizaciones civiles participantes en el proceso lamentaron que el Consenso de Monterrey no tenga compromisos claros en el marco de los derechos humanos y laborales, género y medio ambiente.
Tampoco se definieron los mecanismos para dar seguimiento a los planteamientos hechos por las instancias involucradas desde la parte gubernamental, las instituciones financieras, los empresarios y la sociedad civil.
Laura Frade, de las Multilaterales en la Mira de las Mujeres, John Foster, del Instituto Norte-Sur de Canadá, y Gemma Adaba, de la Confederación Internacional de Uniones de Libre Tratado, de Trinidad y Tobago, coincidieron en que debe ser el Consejo Económico y Social de la ONU la instancia que se encargue de dar seguimiento y evalúe los compromisos de los gobiernos en el marco de los derechos humanos, laborales medio ambiente y género.
John Foster destacó que las organizaciones civiles seguirán promoviendo la necesidad de un cambio del sistema económico mundial, «porque si bien se ha planteado la Cumbre de Monterrey como la nueva era del nuevo modelo de desarrollo, no es más que una repetición del Consenso de Washington».
Durante la conferencia de prensa en la cual se dio lectura a la declaración final de las organizaciones civiles presentes en el proceso de la Conferencia de Financiamiento que concluyó este viernes, el comité organizador del Foro Global de ONG, que se realizó previo a la Conferencia de la ONU, fue cuestionada en relación al manejo de los recursos para la realización de ese evento.
Laura Frade, integrante del Comité organizador mexicano del Foro Global de la sociedad civil, explicó que a pesar de que el presupuesto original para la realización del evento fue de 965 mil dólares, sólo se consiguieron 765 mil dólares, de los cuales han llegado hasta el momento 69 mil dólares.
Detalló que los recursos son provenientes de aportaciones del gobierno mexicano, básicamente para la renta del local donde se desarrolló el Foro; Otra parte ha sido parte del apoyo de las fundaciones Heinrich Boell, Ford, Rights and Democracy, y Oxfam, así como de los gobiernos de Suecia, Finlandia, Canadá y Noruega.
Dijo también que en el Foro Global participaron 2 mil 600 personas provenientes de 700 organizaciones y 80 países. De ese evento se obtuvo la Declaración de Monterrey, documento que fue presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas durante el primer día de trabajos de la Conferencia de Financiamiento.
Por otra parte 17 redes y grupos internacionales de mujeres presentes en la Conferencia manifestaron su preocupación porque el resultado de la Cumbre restringió la discusión sobre la ayuda proporcionada por el gobierno estadounidense; y porque el monto de la ayuda ofrecida hasta ahora es muy reducida comparado con las necesidades de un desarrollo justo y equitativo.
Las organizaciones mundiales expusieron su temor de que la poca ayuda venga condicionada al abandono por parte de los gobiernos de los compromisos asumidos en las conferencias de El Cairo y Pekín, relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el documento firmado por la Campaña Nacional Las Multilaterales en la Mira de las Mujeres, la Coordinación Nacional de ONG de Mujeres por un Milenio Feminista, la red Latinoamericana «Mujeres transformando la Economía», Social Watch, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, Red Internacional de Género y Comercio, Alianza Nacional de Mujeres de la India, Asociación de Mujeres de Nigeria, entre otras, hicieron un llamado a no dar marcha atrás en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las conferencias internacionales de Naciones Unidas.
Mientras que otro grupo de ONG, fuera de la FfD y agrupadas en la Asamblea Social «Otro Mundo es Posible» en su pronunciamiento final, coincidieron también en las buenas intenciones, sin mecanismos reales de avance en el desarrollo mundial en el Consenso de Monterrey.
La Conferencia concluyeron, es «un ejercicio de simulación» para «recuperar un poco de legitimidad para un modelo económico que lo último que busca es combatir las causas de la pobreza». Agrega que «legitima, cobija y promueve» un modelo económico «impuesto a todo el planeta con consecuencias devastadoras, globalizando la miseria, la injusticia, las desigualdades y la degradación ambiental».
Criticaron a los programas gubernamentales contra la pobreza como el extinto Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), «solo que ahora a nivel global, no pueden tener resultados, pues no modifican la política económica que causa la pobreza».
Y la llamada ayuda oficial al desarrollo se reduce a «cuántas migajas más para los pobres pueden derivarse de los ingresos de los países ricos, ingresos que han sido extraídos en gran medida de la apertura indiscriminada de los países en desarrollo.
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