Durante su estancia en el Refugio, Jessica fue llamada a comparecer por el juez Porfirio Austria Espinosa con el fin de hacer efectiva la orden de reaprehensión contra CMET. Su argumento: dudaba de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público y, según sus declaraciones, “estaba protegiendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia”.
Debido a que Jessica se encontraba en el Refugio, del cual por seguridad y reglamento no podía salir, no pudo presentarse para rendir declaración.
“Es evidente que hubo una falla, en el sentido de que tenías una víctima, que tenía un peligro altísimo, que había sido agredida, después que había intervenido la autoridad, y que comienza a tener inconvenientes en el Refugio, y no hay una autoridad que atendiera su interés”, señaló el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz.
En tanto, Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del personal del Refugio, haber sido obligada a trabajar, limpiar y no recibir ni ella, ni sus hijos, comida en buen estado, así como suficiente agua y papel de baño, además de atención médica.
De sus quejas sobre el personal derivó una llamada anónima a su abogado.
El 6 de agosto, es decir 13 días después de su ingreso, una voz de mujer informó que iban a echar a Jessica del Refugio. Y efectivamente, unas horas después, autoridades del albergue se comunicaron para informar sobre la expulsión necesaria. Sólo logró retardar la salida del refugio un día.
Cuando Jessica y los niños llegaron a la UAPAVIF, donde citaron al abogado y a la familia, los dos niños más chicos se encontraban en mal estado. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el reclamo de la víctima por mayor atención ante los problemas de salud de sus hijos, fue el motivo de su expulsión.
Este hecho quedó confirmado porque la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF), la médica Nora Sosa, accedió a la petición de la familia de examinar a los niños y determinó que el más pequeño, entonces de 4 años de edad, presentaba una infección y extendió la receta médica para que pudieran comprar el medicamento.
“Dentro de las muchas situaciones hablaban bueno de… esta parte de la insatisfacción de ella de no estar conforme con los servicios que se estaban dando en el Refugio. Que sus hijos estaban enfermos y no los habían atendido.
Que quería agua y los habían regañado porque había tomado una jarra de agua. Cosas así que para mí son… pues meramente técnicas o logísticas del Refugio. Porque ellos tienen un reglamento, no les pueden dejar que lleven jarras de agua a la recámara, pues con vidrio, por el riesgo que conlleva con personas que están con desestabilidad emocional ¿no?”, retiró Sosa.
Pero para la madre de Jessica, no hubo ninguna intención de proteger a su hija.
“Yo estuve presente, nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron cómo era él y nos la sacaron en un mal estado y malas condiciones de los niños, con vómito, diarrea y temperatura. Ya muy forzada, la persona que los entregó, una doctora, los revisó y les mandó medicamento. Nos dieron un papel, que era lo que ellas querían que dijera. Y no lo aceptamos. Mi hija Verónica les dijo: Así no es. Yo quiero que sea como se debe’. Entonces redactó otro pero ellos agarraron y lo rompieron”, recordó la madre.
La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró que la unidad de Pachuca solicitó la transferencia de las víctimas a un sitio de alta seguridad en la Ciudad de México pero Jessica fue quien no aceptó.
Sin embargo, al solicitar un documento que pruebe esta afirmación, tanto a la Red Nacional como a la funcionaria de la Secretaría de Salud que sostiene el mismo argumento, ninguna lo mostró.
Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres hijos fueron trasladados a una casa que prestaron a su abogado, en la colonia Providencia, en la zona conurbada de Pachuca.
Allí esperarían a que Gerardo, hermano de la víctima, hiciera los arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, en Baja California. Pero el 14 de agosto, es decir siete días después, CMET encontró la casa y asesinó a Jessica y a Gerardo con arma de fuego.
Antes de huir, el militar amenazó a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de camino al hospital.
Una semana después, el 21 de agosto, dictaron la orden de reaprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue prófugo. De acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de uso exclusivo del Ejército, balas expansivas y granadas.
A tres años del feminicidio de Jessica, sus tres hijos viven con sus abuelos y su tía, aún sin poder estar bajo su tutela legal por falta de acción de las autoridades correspondientes. Acerca de la atención psicológica que deberían recibir, su abuela comentó que en el Centro de Salud de Tulancingo les dijeron “que no hay lugar”.
Tanto a la abuela como a una de las tías “les recomendaron tomar un curso de crianza antes de brindar atención a los niños”.
SIN CULPABLES
Como respuesta a la recomendación R-VG-001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, producto de la denuncia de Verónica González Mandujano, con fecha del 10 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia inició 17 días después, una investigación interna contra el Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (órgano regulador de las competencias judiciales) necesitó de una recomendación de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los tres años que transcurrieron desde el feminicidio, no advirtieron, o decidieron no actuar, sobre la serie de procedimientos dudosos del juez.
En cuanto a la Secretaría de Salud, iniciaron un proceso contra la médica del Refugio Nora Sosa, el cual aún no concluye. Nadie ha respondido por los hechos acontecidos en 2014.
Respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, señalado directamente en la Recomendación de la Comisión Estatal, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta.
La recomendación de Derechos Humanos sigue sin cumplirse. El victimario está libre. Las víctimas, especialmente los hijos de Jessica, quienes actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad, no reciben atención de ningún tipo por parte del Estado mexicano, y las autoridades judiciales han dejado cabos sueltos como la responsabilidad de las personas involucradas en el secuestro y tortura de la joven asesinada.
En Hidalgo la organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.
El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.
17/MCT/LGL
