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Sin propuesta en México para proteger a las y los defensores de DH

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La falta de voluntad política en el país para crear un mecanismo de protección integral para las y los defensores de Derechos Humanos (DH), derivó en 128 casos de agresiones en tres años, de los que el 98 por ciento permanecen impunes. Entre ellos, está el de la activista sinaloense Mercedes Murillo Monge.

En rueda de prensa, para dar a conocer el informe anual 2010, “La perseverancia del testimonio”, del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), integrantes de organizaciones civiles, expusieron que no existe una propuesta clara por parte de las autoridades mexicanas para atender esta problemática.

Prueba de ello es que desde la llegada de Francisco Blake Mora a la Secretaría de Gobernación, las organizaciones solicitaron una reunión con el funcionario y a tres meses, no han tenido respuesta, mencionó Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

Sin éxito, “una y otra vez hemos propuesto al gobierno mexicano” un mecanismo que integra la reparación integral del daño, la investigación de los hechos para evitar la impunidad, y acciones preventivas, abundó.

Esta circunstancia, sumada a la múltiple violación de DH en el país, permite decir que con el actual gobierno, México se convirtió en un “Estado de excepción complejo”, ya que se viola el derecho a la vida, a la integridad física y mental, al debido proceso, garantías judiciales, así como a los derechos económicos, sociales y culturales.

La falta de garantías para la sociedad en general, y principalmente para las y los defensores de DH, provocó que de agosto de 2006 al mismo mes de 2009, se registraran 128 casos de ataques a las mujeres y hombres dedicados a esta labor, de los que 10 son homicidios y 32 son procesos penales, indicó Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El capítulo que el informe del OBS dedica a la situación en México “refleja de manera fiel”, la ausencia de condiciones favorables para la defensa de derechos humanos, en un marco de violencia, generada por la militarización en el país, añadió.

HOSTIGAMIENTO A DEFENSORAS

El pasado 12 de noviembre, más de 20 militares se presentaron en el domicilio de la presidenta del Frente Cívico Sinaloense (FCS), Mercedes Murillo Monge. Al menos cinco los militares le apuntaron con armas de fuego, mientras le pedían que comprobara su identidad y que diera detalles sobre los integrantes de su familia.

Durante los últimos años, el FCS ha denunciado las violaciones a los DH cometidas por elementos del Ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa, en el contexto de los operativos castrenses contra la delincuencia organizada.

Salomón Monárrez Meraz, esposo de Mercedes Murillo y secretario del Frente, fue herido en agosto de 2009 con un arma de fuego por desconocidos que allanaron su domicilio.

El OBS señala que sólo en 2009 se registraron agresiones en contra de 36 defensoras y defensores de DH, casi una cuarta parte de ellos son mujeres.

Los agravios en contra de las y los activistas son amenazas de muerte, desaparición forzada, hostigamiento, detenciones arbitrarias, intento de asesinato, allanamiento, difamación, abusos de autoridad, violencia física y asesinato.

Ejemplo de estas agresiones son las amenazas de muerte que recibió en su celular Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), en Guerrero, quien ha dado acompañamiento a Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas por militares en 2002, que denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

10/GCJ/LR/LGL

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