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Sinactraho, ejemplo de organización sindical de las mexicanas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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La consolidación formal ayer del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) es también el ejercicio a contracorriente del derecho colectivo a la libre asociación y la sindicalización independiente, que tantos años ha costado a las mujeres y que, no conforme, el Estado mexicano se niega a garantizar.
 
En la historia de los sindicatos en México, que se remonta a hace más de un siglo, las mujeres –con menos participación en el mercado laboral que los hombres– no se han mantenido al margen de ninguno de los procesos organizativos de la clase trabajadora.
 
Al contrario, pese a los obstáculos de la exclusión, el intento de subordinación y la desvalorización –que no tuvieron que enfrentar sus pares varones–, ellas se agruparon en distintos estados del país para exigir desde sus diferentes contextos (principalmente en la industria y el sector servicios) condiciones laborales más dignas y equitativas, según investigaciones consultadas por Cimacnoticias.
 
La participación femenina en la historia del sindicalismo mexicano, desde los albores de la Revolución Mexicana, se caracterizó por liderazgos escasos (incluso en ramas con fuerte presencia de las mujeres), y por desigualdades en el acceso a los recursos, así como por la complicidad entre los varones que las excluía y por una sobrecarga laboral por la doble jornada en el hogar, de acuerdo con el artículo “Los sindicatos tienen género”, de María Rigat-Pflaum, de la Fundación Friedrich Ebert.
 
Ya en épocas más recientes, en 1991 las mujeres estaban subrepresentadas en las dirigencias de los sindicatos oficialistas.
 
Por ejemplo, en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) había sólo dos mujeres de un total de 47 cargos directivos; en la Confederación Regional Obrero Campesina (CROC), sólo una en 13 puestos de representación; en la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), una de 25; en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), tres de 53; y en el Congreso del Trabajo (CT), 35 mujeres de un total de 410 lugares directivos, documentó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
 
Sin embargo, unos años antes, articuladas con los movimientos obreros, comunistas y feministas, las mujeres se abrían paso en la consolidación de gremios independientes y democráticos, pero fuertemente acosados por modelos de sindicalización de los grupos de poder imperantes.
 
Fue el caso del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, que surgió tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, y que por muchos años se mantuvo representado sólo por mujeres.  
 
TRABAJO DEL HOGAR: DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO
 
Respecto a las trabajadoras del hogar remuneradas, un gremio cuyos derechos siempre fueron soslayados, se tiene registro de que en los años 20 del siglo pasado se dieron los primeros intentos de organización sindical.
 
Pero fue hasta 1940 cuando surgieron sindicatos más consolidados en por los menos ocho entidades del país, documentó la antropóloga Mary Goldsmith Corelly en su artículo “Sindicato de trabajadoras domésticas en México (1920-1950)”, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
 
En esa época, 15.5 por ciento de las personas dedicadas al trabajo del hogar remunerado eran hombres, y gran parte de los sindicatos fueron mixtos e incluían a personas de otras ocupaciones.
 
Sin embargo, al menos cuatro gremios fueron constituidos únicamente por trabajadoras del hogar asalariadas: el Sindicato de Trabajadores Domésticos de Ciudad Madero, Tamaulipas; el Sindicato Femenil de Actividades Domésticas de Hermosillo, Sonora; el Sindicato Femenil de Obreras Domésticas de La Paz, Baja California Sur; y el Sindicato Emancipación Femenil de Trabajadoras Domésticas de Tecaltitlán, Jalisco, la mayoría con 40 a 60 afiliadas cada uno.
 
Luego, en pleno auge del corporativismo sindical, los órganos gremiales de las trabajadoras del hogar, sobre todo los de las urbes, fueron absorbidos por las grandes centrales obreras para después, en medio de pugnas políticas, ser disueltos. 
 
En su estudio sobre la organización de estas trabajadoras en México, Goldsmith se pregunta si los organismos sindicales en los que participaron sólo mujeres desarrollaron una cultura gremial diferente a la de los varones.
 
Tuvieron que pasar décadas para que finalmente se consolidara un sindicato democrático e independiente de trabajadoras del hogar en México que, por vez primera, es de alcance nacional, y que –en posible respuesta a la pregunta de Goldsmith– es el primero que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF registra con una secretaría general colegiada integrada por tres mujeres.  
 
Pese al esfuerzo de estas trabajadoras, que generación tras generación han demostrado interés en defender colectivamente sus derechos laborales, el Estado mexicano ha fallado en reconocer los mandatos internacionales que las respaldan, ya que sigue  “congelada” la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que entre el resto de garantías laborales y humanas que estipula para este gremio, reconoce también su derecho a la libre asociación y a la sindicalización.
 
DERECHO MANCILLADO  
 
Actualmente sólo uno de cada 10 sindicatos en México es democrático, afirman grupos civiles especializados en el tema. Incluso ya se ha denunciado ante la OIT que en México la negociación colectiva es “simulada”, explican las sociólogas Lisa Deutsch e Inés González en un artículo de la revista Defensor, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
 
Independientes o no, hoy, del total de mujeres asalariadas en México sólo un millón 977 mil 490 están sindicalizadas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y no existe un registro que diga cuántas de ellas ocupan puestos de dirección en los órganos sindicales. 
 
Pese a ello, el Estado mexicano se niega a ratificar desde hace más de 50 años el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, que obligaría al gobierno a terminar con las prácticas abusivas que impiden que los contratos colectivos defiendan a la población trabajadora.
 
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