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Sistema de justicia indígena, ineficaz contra violencia de género

Por Anayeli García Martínez

En las zonas indígenas del país prevalece la violencia contra las mujeres, sin embargo en muchas ocasiones para los integrantes de las comunidades, y para ellas, este es un fenómeno que resulta normal y por tanto no se considera un problema que deba resolverse.
 
Flora Gutiérrez, fundadora de la Asamblea de Mujeres Indígenas y del Centro Integral Jurídico Pro Derechos de Oaxaca, explicó que aunque los sistemas de impartición de justicia de las comunidades indígenas son positivos, aún tienen una deuda con las mujeres.
 
Al participar en el foro “Sistemas de justicia indígena en México”, la activista y abogada señaló que las asambleas y policías comunitarias son formas de organización que fortalecen la autonomía de los pueblos originarios, pero reconoció que aún tienen problemas cuando se trata de reconocer los derechos femeninos.
 
Gutiérrez explicó que las asambleas designan a los agentes o síndicos que conocen el entorno de la comunidad y el idioma del pueblo, y son ellos los encargados de dirimir los conflictos que van desde quién puede trabajar la tierra, la posesión de los animales, los daños a la siembra y hasta riñas de insultos o golpes.
 
Estos sistemas de justicia, según dijo, son positivos porque significan un trato entre iguales y tienen el objetivo de resolver los pleitos que afectan a la colectividad, pero el problema es que a la hora de conocer un caso de violencia de pareja o de violación sexual consideran que las mujeres no son agraviadas.
 
La integrante fundadora de la Asamblea de Mujeres Indígenas abundó que cuando ocurre una situación de este tipo, las mujeres de las comunidades autóctonas enfrentan más obstáculos para obtener justicia porque ni siquiera les creen, lo que las obliga a presentar una denuncia ante las autoridades municipales.
 
Una denuncia convencional implica recorrer largas distancias y además ser discriminadas por los funcionarios por el hecho de ser mujeres indígenas y no hablar español, lo que dificulta que tengan atención y orientación, pues además se les pide que aporten pruebas de sus dichos.
 
Gutiérrez señaló que en el estado de Oaxaca se han documentado violaciones sexuales a indígenas cometidas por maestros, pero en estos casos ni los padres de las jóvenes le dieron valor a sus palabras, lo que revela que en las comunidades se menosprecia a las mujeres.
 
Aunque esta situación prevalece –explicó la activista– no significa que los sistemas de justicia indígena deban desaparecer, por lo que acotó que esto no debe ser argumento para estigmatizar y deslegitimar las practicas organizativas de las comunidades.
 
Agregó que los sistemas de impartición de justicia comunitarios son necesarios pese a que hoy por hoy prevalecen los derechos comunitarios, de la familia y la colectividad sobre los derechos individuales de las personas, en especial de las mujeres.
 
Apuntó que las comunidades y las mujeres deben buscar mecanismos para sancionar este tipo de prácticas y ponderar los derechos de ellas y la colectividad, sin la intervención de las instituciones del Estado.
 
12/AGM/RMB

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