El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, matizó esta semana su discurso sobre la militarización de la seguridad pública en México, pidiendo el retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores policiales que viene desempeñando desde el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
El Ombudsman nacional señaló «la necesidad de retirar paulatinamente al Ejército de los operativos contra la delincuencia organizada», tras su encuentro con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, informa en un comunicado el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Sin embargo, en su informe presentado esta semana en la Cámara de Diputados «la CNDH no considera conveniente que el Ejército abandone de inmediato la lucha contra el narcotráfico porque la ausencia de las fuerzas armadas condenaría a millones de mexicanos a la indefensión, sobre todo en las zonas rurales. Sin la potencia del Ejército, el crimen organizado vería al Estado como un tigre de papel», recuerda Cencos.
Precisó el funcionario que es indispensable que se dé a conocer un calendario para regresar de manera paulatina y prudente al Ejército a los cuarteles, y se avance en la profesionalización de la policía, dice el comunicado.
En este contexto, Cencos señala que la administración del Ejecutivo mexicano se esfuerza en mantener un gobierno civil con un énfasis desmedido en las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
En la práctica y la toma de decisiones del actual mandato federal, dice Cencos, se han vinculado los conceptos de seguridad pública con seguridad de Estado, con la que el Gobierno federal lesiona ampliamente las garantías individuales con la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública para las que no está preparado y que han resultado en graves violaciones a los derechos humanos; «asesinatos y violaciones entre ellas».
Enfatiza el organismo que la seguridad pública es una responsabilidad del Estado. Y esta seguridad debe brindarse a todas las mexicanas y mexicanos para la convivencia armónica en el país. En las actuales circunstancias en las que la violencia del crimen organizado se ha desbordado y ha rebasado a las instituciones policiales, se hace prioritaria una estrategia siempre bajo los parámetros del respeto a los derechos humanos, señala el organismo civil. Sin embargo, en este sentido, el plan de seguridad nacional de Calderón ha presentado inconsistencias. «El despliegue del Ejército Mexicano para labores policiales ha carecido de una visión de respeto a los derechos humanos».
Mientras que la CNDH, con nivel de órgano autónomo, también ha presentado inconsistencias en la vigilancia de los derechos humanos en el país, considera Cencos. «Sus recomendaciones han sido tibias, y en el caso de elementos de las fuerzas armadas, no ha habido una clara persecución del delito, al dejar en manos de las autoridades castrenses las investigaciones de los hechos».
Ahora, el Ombudsman expresa su preocupación por el retiro de las fuerzas armadas de la seguridad pública, posición pública que sin duda responde a la defensa y la promoción de los derechos humanos, la cual es una de las tareas por las que dicho organismo existe, concluye Cencos
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